El caso de la gata Luna, asesinada brutalmente en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, ha desatado una oleada de indignación en la comunidad animalista cubana. Las autoridades locales del Departamento de Sanidad Animal (DSA) impusieron una multa de solo 1,500 pesos cubanos y una advertencia a un vecino identificado como Manolo, a quien se responsabilizó como el único autor de la muerte del animal.
La decisión ha sido ampliamente criticada por considerarse desproporcionada frente a la gravedad de los hechos.
Según informó la red Bienestar Animal Cuba (BAC), durante la investigación solo se entrevistó a un testigo presencial, ya que otra persona citada no compareció. La organización calificó la sanción como una “victoria parcial” que refleja la debilidad del marco legal vigente.
“El monto irrisorio de la multa, en comparación con la brutalidad del acto, demuestra la urgencia de reformar el Decreto Ley 31 de Bienestar Animal e incorporar la crueldad hacia los animales como delito en el Código Penal”, señaló BAC en un comunicado.
Lourdes Elena, tutora de Luna, ha expresado su intención de seguir acciones legales para que también se investigue a los otros presuntos implicados, Mabel y Alexander. Según denunció públicamente, la gata fue lanzada desde un tercer piso y luego golpeada hasta morir. Asegura que las autoridades no entrevistaron a todos los testigos disponibles, por lo que considera que la investigación fue superficial y parcial.
El caso, que salió a la luz a finales de abril a través de publicaciones en redes sociales, genera un intenso debate público. Muchos usuarios califican la multa como una "burla" y denuncian que la ley de protección animal en Cuba es ineficaz. Además, la situación se tornó más polémica cuando Lourdes Elena fue instruida de cargos por presunta difamación, lo que avivó aún más las críticas hacia el accionar institucional.
La comunidad animalista continúa exigiendo justicia para Luna y pide una reforma legal que castigue con mayor severidad el maltrato y la crueldad animal. Para ellos, el silencio y la inacción institucional no solo perpetúan la impunidad, sino que también convierten al Estado en cómplice de la injusticia.
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