El Gobierno español ha presentado un nuevo plan para regularizar a cientos de miles de personas extranjeras en situación irregular, siempre que residan en el país antes del 31 de diciembre de 2024. La iniciativa, que se encuentra en fase de negociación con los grupos parlamentarios, busca reactivar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lleva más de un año estancada en el Congreso.
Aunque el Ejecutivo evita referirse directamente a una "regularización extraordinaria", el borrador propone un "régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo" que permitiría conceder permisos de residencia y trabajo a un número significativo de personas. El texto, aún sujeto a cambios, señala que los detalles concretos del proceso, como los requisitos o el procedimiento, se establecerán mediante un real decreto posterior.
Este enfoque técnico permitiría al Gobierno actuar con mayor rapidez, reduciendo el papel del Parlamento al aprobar solo el marco general de la medida, mientras que los criterios específicos quedarían bajo control del Ejecutivo. Entre las condiciones que se estudian están la ausencia de antecedentes penales, la demostración de arraigo en el país y la consideración de situaciones de vulnerabilidad.
La propuesta tiene como base la ILP respaldada por más de 600.000 firmas ciudadanas y promovida por organizaciones sociales como Regularización Ya. Dicha iniciativa busca una respuesta humanitaria y estructural a la situación de miles de personas atrapadas en la irregularidad, pese a llevar años residiendo en España y contribuir activamente a la economía informal.
Desde el PSOE se argumenta que esta nueva vía responde tanto a motivos humanitarios como a necesidades económicas. Fuentes del partido indican que el propio presidente Pedro Sánchez se ha implicado en el tema, reconociendo la urgencia de llenar vacíos del reglamento de extranjería que, pese a su reforma reciente, deja fuera a numerosos inmigrantes que no cumplen los nuevos criterios de regularización.
El Gobierno también se enfrenta a la presión de sectores empresariales que alertan sobre la escasez de mano de obra en sectores como la agricultura, la hostelería y los cuidados. Legalizar a quienes ya están trabajando en la sombra permitiría reducir la economía sumergida y mejorar las condiciones laborales generales.
Sin embargo, la propuesta no cuenta con el apoyo unánime dentro del Parlamento. El Partido Popular ha rechazado medidas similares en el pasado y mantiene una posición crítica respecto a una regularización amplia. Vox, por su parte, ha reiterado su oposición tajante. Tampoco está claro el respaldo de otros actores clave como Junts o el PNV, que exigen condiciones específicas como la existencia de contratos laborales previos.
Desde Sumar y otras fuerzas de izquierda se presiona al PSOE para ampliar el marco temporal más allá del 31 de diciembre de 2024, argumentando que muchos migrantes llegarán a esa fecha sin posibilidades de aplicar, debido a retrasos administrativos. También proponen que la medida se aplique al menos hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería o incluso hasta la publicación del decreto que desarrolle la norma.
Los colectivos sociales temen que la propuesta actual termine siendo una solución a medias. “Queremos una regularización real, no un simple parche”, ha advertido Victoria Canalla, portavoz de Regularización Ya. Denuncian que si se espera hasta finales de 2025 para su implementación, miles de personas podrían seguir en la irregularidad por causas meramente burocráticas.
La premura es evidente. Desde el PSOE reconocen que si no se logra un acuerdo antes del verano, las negociaciones podrían estancarse debido al calendario parlamentario y la cercanía de las elecciones europeas. Además, la medida cuenta con el respaldo de instituciones como Cáritas y otros sectores de la Iglesia, lo que suma presión sobre las fuerzas conservadoras para no bloquearla.
El origen de esta propuesta se remonta a 2021, cuando arrancó el proceso de la ILP, una herramienta legislativa poco común que logró sortear los primeros obstáculos del Congreso con el único voto en contra de Vox. Desde entonces, las enmiendas y retrasos han ralentizado su avance, lo que ha llevado al Gobierno a plantear ahora una vía alternativa para su desbloqueo.
De concretarse, esta regularización podría beneficiar a más de 470.000 personas, según cálculos de las organizaciones promotoras. La medida permitiría no solo resolver situaciones legales, sino también garantizar derechos básicos como el acceso a la sanidad, la vivienda o la educación.