La congresista republicana María Elvira Salazar expresó su “profunda decepción” luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos avalara la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350,000 venezolanos, una medida impulsada por la administración de Donald Trump.
Aunque su partido promovió el recurso que dio pie al fallo, Salazar intentó distanciarse públicamente de la decisión, generando una ola de críticas por su aparente contradicción.
Salazar recurrió a la red social X para manifestar que “no podemos enviar a personas inocentes de regreso a las garras de un narco-terrorista”, aludiendo al régimen de Nicolás Maduro. Además, solicitó al presidente Trump que otorgue Salida Forzosa Diferida (DED) a los venezolanos afectados, incluidos los beneficiarios del programa de parole humanitario. No obstante, su postura ha sido interpretada por diversos analistas como un intento de evitar responsabilidad política ante una comunidad migrante alarmada por las consecuencias del fallo.
El discurso público de Salazar se aleja del accionar de su propio bloque político, que fue precisamente el que reactivó la ofensiva legal contra el TPS mediante una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump.
Esa petición buscaba revertir una extensión del programa aprobada durante el gobierno de Joe Biden y originalmente válida hasta 2026. Con el nuevo fallo, la protección podría finalizar en 2025, dejando a decenas de miles de venezolanos en situación irregular.
Salazar ha sido cuestionada anteriormente por adjudicarse como logro personal la extensión del TPS, cuando en realidad fue resultado de una orden judicial que bloqueó intentos anteriores de su propio partido por eliminar el beneficio. La publicación fue corregida por X, que añadió contexto aclaratorio a sus afirmaciones.
En un intento reciente por recomponer su imagen ante la comunidad migrante, Salazar presentó a inicios de mayo una iniciativa bipartidista para reinstaurar el TPS por un período de 18 meses. Sin embargo, la medida no ha logrado borrar el malestar generado por su alineación con una fuerza política que ha buscado sistemáticamente reducir las protecciones migratorias.
"La credibilidad de Salazar se ve afectada por el contraste entre su retórica proinmigrante y las acciones concretas de su partido", señalan expertos.
Medios como The Washington Post, Univisión Noticias y Miami Herald se han hecho eco de esta situación que envuelve a la congresita cubano-estadounidense.
La Corte Suprema también evaluará próximamente una apelación contra el programa de parole humanitario, lo que podría poner en riesgo a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
En este contexto, las palabras de Salazar parecen insuficientes para calmar los temores de una comunidad venezolana que ve cómo las garantías legales que les ofrecían estabilidad se desmoronan en medio de disputas políticas.
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