Wendy Ortiz, inmigrante salvadoreña de 32 años, no pudo contener su asombro al recibir una notificación oficial del Gobierno de Estados Unidos: debía pagar una multa de 1.8 millones de dólares por permanecer en el país tras una orden de deportación. Su caso es solo uno entre miles.
Ortiz vive en Pennsylvania desde hace una década, trabaja por $13 la hora en una planta empacadora de carne y cría sola a su hijo de 6 años, diagnosticado con autismo. “¿Cómo esperan que alguien como yo pague esa cantidad?”, se preguntó con incredulidad. Su historia, documentada en expedientes migratorios y entrevistas, refleja la realidad de muchos inmigrantes que enfrentan sanciones impagables.
En las últimas semanas, más de 4,500 personas han recibido notificaciones similares, en el marco de una política aplicada por la administración del presidente Donald Trump. Según un funcionario federal, las multas impuestas suman más de 500 millones de dólares, y algunas alcanzan los 1.8 millones. Los afectados tienen 30 días para apelar con pruebas bajo juramento.
El origen legal de estas sanciones se remonta a una ley de 1996, activada por primera vez en 2018. Esta permite imponer multas de hasta $998 diarios a inmigrantes con órdenes finales de deportación que permanecen en el país. En teoría, el monto puede acumularse por hasta cinco años. En caso de impago, el gobierno podría incluso confiscar propiedades.
Pese a la dureza de las cifras, aún no está claro cómo se ejecutarían los cobros o las incautaciones. Según Reuters, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha emitido las multas, pero se espera que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asuma su gestión, aunque enfrenta serias dificultades logísticas.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha ofrecido comentarios, aunque voceros han reiterado que los inmigrantes con órdenes de deportación deberían “abandonar el país por su cuenta”.
El abogado neoyorquino Robert Scott señaló que una de sus clientas, una mujer mexicana con 25 años en EE.UU., también recibió una multa millonaria, pese a no tener antecedentes y estar intentando regularizar su estatus. “No parece tener sentido; es como si eligieran a personas al azar”, comentó.
Ortiz, por su parte, explicó que nunca recibió una citación judicial para su audiencia migratoria y fue deportada en ausencia en 2018. Desde entonces ha solicitado asilo y alivio humanitario, alegando que su vida correría peligro si regresa a El Salvador. Su abogada ha pedido que se reabra su caso por razones humanitarias.
Casos como el de Rosa, una ciudadana estadounidense en Nueva York, también abundan. Su esposo hondureño recibió una multa de $5,000 luego de no salir del país tras obtener salida voluntaria, debido a un diagnóstico de cáncer. Ahora, ella trabaja turnos extra para reunir el dinero.
“Es una lucha constante. No solo emocional, también económica”, concluyó.
Fuente: Noticias Telemundo
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