El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió la Licencia General No. 41B, extendiendo hasta el 27 de mayo de 2025 el plazo para que Chevron reduzca progresivamente sus operaciones en Venezuela.
La medida reemplaza la Licencia General No. 41A, que fijaba la fecha límite en abril de 2025, y permite que la petrolera continúe gestionando sus empresas conjuntas con Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) bajo estrictas restricciones.
Si bien la extensión otorga más tiempo para la salida de Chevron del país sudamericano, la licencia impone restricciones clave, entre ellas:
Prohibición de pagos al gobierno venezolano, ya sea en forma de impuestos o regalías.
Impedimento de pagos de dividendos a PdVSA o cualquier entidad en la que tenga al menos un 50% de participación.
Limitación en las exportaciones, restringiendo la venta de productos petroleros venezolanos a cualquier país que no sea EE.UU.
Restricción de operaciones con empresas rusas que tengan control sobre entidades en Venezuela.
Prohibición de cualquier transacción fuera del marco de las Regulaciones de Sanciones a Venezuela (VSR) sin una autorización adicional de la OFAC.
A pesar de la prórroga, la licencia deja claro que Chevron no podrá expandir sus negocios en nuevos yacimientos dentro de Venezuela, lo que mantiene la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en un contexto de sanciones internacionales.
La presencia de Chevron en Venezuela ha sido una pieza clave dentro de la relación entre EE.UU. y el país caribeño, especialmente en medio de sanciones que han limitado severamente la capacidad de PdVSA para operar en el mercado global. Aunque la compañía ha logrado mantener cierta actividad, las restricciones impuestas por Washington limitan su margen de maniobra y refuerzan la estrategia de presión sobre Caracas.
Por otro lado, la prórroga de la licencia sugiere que EE.UU. aún no está dispuesto a cortar de inmediato los lazos con Chevron en Venezuela, posiblemente buscando evitar un colapso total de la producción petrolera que podría impactar los precios internacionales del crudo.
Esta nueva extensión no significa una flexibilización de las sanciones, sino más bien un período de transición que sigue limitando las fuentes de ingreso de PdVSA y, por ende, del gobierno de Maduro. La imposibilidad de recibir pagos directos de Chevron reduce aún más el margen de maniobra de una economía ya golpeada por la crisis y la corrupción.
Si bien el chavismo ha buscado aliados en Rusia, China e Irán para sortear las sanciones, las restricciones impuestas por EE.UU. complican la inyección de capital en el sector energético venezolano, lo que podría traducirse en más dificultades para el régimen en los próximos meses.