En una ajustada decisión de 5 votos contra 4, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes a la administración del presidente Donald Trump a aplicar una antigua ley de 1798 para proceder con la deportación de migrantes venezolanos vinculados supuestamente al grupo criminal Tren de Aragua.
La medida permite reactivar temporalmente la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, una norma diseñada originalmente para tiempos de guerra, mientras se resuelve un litigio que cuestiona su uso en el actual contexto migratorio. Aunque el fallo da luz verde a las expulsiones, también establece que los migrantes detenidos deben tener acceso a audiencias judiciales en un plazo “razonable”.
Los migrantes implicados en este proceso se encuentran detenidos en instalaciones en Texas, por lo que la Corte indicó que cualquier impugnación legal deberá ser presentada en ese estado, y no en tribunales federales ubicados en Washington, D.C.
El fallo representa una victoria legal para la estrategia migratoria de Trump, que había solicitado la aplicación urgente de la ley como parte de una ofensiva contra el ingreso de presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con presencia en varios países de la región.
La reactivación de esta ley ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran su uso como desproporcionado y contrario a las garantías básicas del debido proceso.
A pesar de la orden judicial emitida previamente por el juez James Boasberg, que había bloqueado temporalmente la aplicación de la norma, el gobierno logró ejecutar varias deportaciones. El pasado 15 de marzo, al menos tres aviones salieron desde Texas con unos 200 venezolanos a bordo, quienes fueron trasladados a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad.
Desde entonces, el caso ha generado un amplio debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, especialmente cuando se trata de medidas excepcionales en tiempos de paz. La administración Trump ha sostenido que algunos de estos migrantes representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y que la ley ofrece una herramienta legal para enfrentar esa situación.
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