Una madre inmigrante residente en Houston, Texas recibió una de las noticias más preocupantes que puede enfrentar una persona en medio de un proceso migratorio: el gobierno estadounidense le reclamaba una multa de 1,820,352 dólares y le daba aproximadamente 30 días para responder. Ante la imposibilidad de pagar una cantidad semejante y el riesgo de tener que abandonar Estados Unidos junto con su familia, decidió buscar asesoría legal. Su defensa se apoyó en un proceso migratorio que permanecía activo desde 2021 y, finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le comunicó que la sanción había sido anulada y el caso cerrado.

La mujer recibió la notificación el 9 de julio de 2026 y, según contó a Telemundo Houston, inicialmente pensó que podía tratarse de una estafa. Sin embargo, después de consultar con una abogada de inmigración confirmó que la deuda era real.

El gobierno le planteó dos alternativas: establecer un plan de pagos de aproximadamente 3.000 dólares mensuales o abandonar voluntariamente Estados Unidos junto con su familia.

“Yo no tenía esa cantidad”, explicó la inmigrante.

Ante la situación, decidió apelar y presentó como argumento principal que mantenía desde 2021 un proceso migratorio relacionado con una visa U, destinada a determinadas víctimas de delitos que colaboran con las autoridades.

Además, había obtenido autorización de empleo y un número de Seguro Social, elementos que formaban parte de su situación migratoria.

La estrategia terminó dando resultado. El 10 de agosto, el DHS le informó por correo electrónico que el caso había sido anulado y cerrado, eliminando la deuda de 1.82 millones de dólares.

¿Por qué pueden existir multas tan elevadas? Las sanciones civiles migratorias pueden alcanzar cifras extraordinarias cuando se acumulan durante largos períodos. Bajo la política reactivada durante la administración Trump, determinadas personas con órdenes finales de deportación pueden enfrentar multas de hasta 998 dólares diarios, con posibilidad de acumulación retroactiva de hasta cinco años.

Desde junio de 2025 se han emitido miles de notificaciones de este tipo. Un caso particularmente llamativo fue el de un cubano residente en Phoenix, identificado como “Mario”, quien recibió una multa de aproximadamente 1.8 millones de dólares relacionada con una orden de deportación de 2010.

La abogada Naimeh Salem recomendó a quienes reciban una notificación semejante no ignorarla y buscar asesoría legal inmediatamente, ya que cada expediente tiene circunstancias diferentes y existen plazos específicos para presentar una apelación.

Fuente: Telemundo Houston

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