Activistas y residentes de Doral, Florida, reclamaron este miércoles al Ayuntamiento que cancele su acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que el convenio ha convertido a la ciudad en uno de los principales focos de deportaciones en Estados Unidos.

Eleazar Guevara, integrante del Venezuelan American Caucus, entregó al Concejo de Doral firmas de 170 familias que respaldan la petición para revocar el acuerdo 287(g), que permite la colaboración entre agentes locales y autoridades migratorias.

Según denunció, algunos negocios de la ciudad han registrado pérdidas de entre 70 % y 80 % debido al temor de residentes y trabajadores a salir de sus viviendas o acudir a sus empleos ante posibles operativos migratorios.

La situación genera especial preocupación en Doral, conocida informalmente como “Doralzuela” por la elevada presencia de venezolanos. Cerca del 40 % de sus habitantes tiene raíces en Venezuela, la proporción más alta entre las ciudades estadounidenses.

La agencia EFE informó que los activistas estuvieron acompañados por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que agrupa a más de 80 organizaciones.

Los grupos sostienen que la presencia de ICE y el aumento de las detenciones han provocado miedo entre familias que evitan salir de sus casas incluso para llevar a sus hijos a la escuela o acudir al trabajo.

Liz Rebecca Alarcón, residente de Doral y fundadora del medio sin fines de lucro Pulso, describió una ciudad afectada por el temor y con una actividad comercial notablemente reducida.

Los activistas también cuestionaron el impacto económico de las deportaciones. Juan Cuba, activista migratorio, afirmó que estas políticas han supuesto un costo de 62 millones de dólares para los contribuyentes locales, citando datos del Economic Policy Institute.

Mientras tanto, la alcaldesa republicana de Doral, Christi Fraga, sostiene que la ciudad está obligada a mantener el acuerdo con ICE debido a una ley estatal impulsada por el gobernador Ron DeSantis, aunque los activistas señalan que otras ciudades de Florida no han suscrito convenios similares.

Los opositores al acuerdo anunciaron que continuarán reuniendo respaldo ciudadano con el objetivo de llevar nuevamente el tema ante el Concejo Municipal y exigir una votación para poner fin a la cooperación local con las autoridades migratorias.

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