La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una nueva ofensiva legal para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas acusadas o condenadas por fraude migratorio y otros delitos graves, en lo que autoridades federales describen como una de las iniciativas más amplias de este tipo en décadas.

El Departamento de Justicia anunció recientemente acciones contra 17 ciudadanos estadounidenses naturalizados, argumentando que obtuvieron la ciudadanía de manera fraudulenta o que ocultaron información relevante durante sus procesos migratorios.

Según las autoridades, los casos involucran a individuos condenados o acusados de delitos como abuso sexual de menores, fraude financiero, lavado de dinero, uso de identidades falsas y violaciones de las leyes migratorias. El gobierno sostiene que estas personas no cumplían con los requisitos exigidos para obtener la ciudadanía, especialmente el criterio de “buen carácter moral” establecido por la legislación estadounidense.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de control migratorio impulsada por la actual administración, que busca aumentar el uso de los procedimientos de desnaturalización, una herramienta legal existente desde hace décadas pero utilizada históricamente en un número reducido de casos.

Durante años, la revocación de la ciudadanía fue considerada una acción excepcional debido a la complejidad de los procesos judiciales requeridos. Para retirar la nacionalidad a una persona naturalizada, el gobierno debe presentar pruebas ante tribunales federales y demostrar que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude, engaño u ocultación de información relevante.

Entre los casos incluidos en esta nueva ronda aparecen ciudadanos naturalizados originarios de varios países, acusados de diferentes delitos o irregularidades migratorias. Las demandas sostienen que algunos ocultaron antecedentes penales, mientras que otros habrían proporcionado información falsa durante sus trámites de inmigración.

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que el Departamento de Justicia mantendrá una política de “tolerancia cero” frente a quienes obtuvieron beneficios migratorios mediante engaños o falsedades.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que el gobierno continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para retirar la ciudadanía a quienes hayan incumplido los requisitos establecidos por la ley.

Las autoridades enfatizaron que la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización puede ser revocada cuando se demuestra que fue conseguida de forma fraudulenta. Sin embargo, las personas afectadas conservan el derecho de defenderse ante los tribunales y presentar pruebas para impugnar las acusaciones del gobierno.

Si una corte federal determina que la ciudadanía fue obtenida de manera irregular, el afectado pierde los derechos asociados a ella y regresa al estatus migratorio que poseía antes de naturalizarse. En muchos casos, esto puede abrir la puerta a futuros procedimientos de deportación.

La nueva iniciativa refleja el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Washington y anticipa un incremento de las acciones judiciales dirigidas contra ciudadanos naturalizados acusados de haber incumplido las normas durante su proceso de obtención de la ciudadanía.

Fuente: CBS News

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