El régimen cubano se encuentra en proceso de revisar y actualizar sus reglamentos relacionados con las confiscaciones por "enriquecimiento indebido".
La Fiscalía General de la República de Cuba emitió una declaración en la que señala la obsolescencia del procedimiento administrativo confiscatorio que ha estado en vigor desde 1994 y destaca la necesidad de ajustarlo a las transformaciones legales introducidas por la Constitución de 2019.
En el comunicado publicado en su sitio web oficial, la Fiscalía General advierte sobre la urgencia de mejorar la aplicación de estos procedimientos confiscatorios, considerándolos esenciales para garantizar una administración de justicia efectiva en el país.
El documento recuerda que en 1994, la Asamblea Nacional del Poder Popular delegó al Consejo de Estado la responsabilidad de tomar medidas efectivas y ejemplares contra aquellos individuos que acumulen riqueza y bienes materiales de manera ilegítima, al margen de lo establecido por la ley.
"La puesta en vigor del Decreto Ley No.149/1994, sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido, otorga a la Fiscalía General de la República, las facultades legales para investigar y sustanciar el procedimiento, el fiscal debe demostrar la vía o fuente de enriquecimiento y la desproporción entre los ingresos lícitos percibidos por el expedientado y el valor real de su patrimonio, estableciendo que corresponde al afectado demostrar la licitud de los ingresos utilizados en el acrecentamiento de su patrimonio, sin perjuicio de la obligación de la Fiscalía de comprobar la legalidad de los mismos o de acreditar los ingresos en caso que el expedientado no lo hiciese", explica el documento.
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