El cantante Julio Iglesias solicitó el archivo de la investigación abierta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras las denuncias de agresión sexual y trata de seres humanos presentadas por dos exempleadas, según han informado El Mundo y elDiario.es. La defensa del artista argumenta que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos, ocurridos en 2021 en mansiones del cantante en República Dominicana y Bahamas.
En un escrito de 15 páginas, firmado por el penalista José Antonio Choclán, la defensa solicita además acceso directo a las diligencias y estar presente durante la declaración de las denunciantes, alegando que la difusión pública de la investigación ha causado un “daño reputacional” a Iglesias y que es necesario defender su honor. El escrito sostiene que “la necesidad de la defensa inmediata también resulta evidente y no admite demora”.
El argumento central para pedir el archivo es la falta de jurisdicción española, ya que, según la defensa, las denunciantes debieron presentar sus denuncias en el lugar donde se cometieron los hechos. Aunque la ley española permite que los tribunales actúen sobre delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles bajo ciertas condiciones —como que el hecho sea delito en el país donde ocurrió y que el autor no haya sido juzgado allí—, los abogados de Iglesias consideran que este precepto es subsidiario y no aplica en este caso.
Las fuentes judiciales explican que la competencia de la Fiscalía depende del lugar donde ocurrieron los hechos y que la Audiencia Nacional es el tribunal encargado de investigar delitos cometidos por españoles fuera de España. Hasta el momento, la Fiscalía ha decidido tomar declaración a las denunciantes para continuar con las diligencias.
Las dos mujeres denunciantes han sido entrevistadas en varias ocasiones durante más de un año, ofreciendo testimonios consistentes. Sus relatos están respaldados con pruebas documentales, incluyendo fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados e informes médicos, entre otros documentos.
El caso ha generado un intenso debate sobre la jurisdicción internacional y la protección de víctimas de abuso, así como sobre la reputación de figuras públicas cuando los hechos se investigan fuera de su país de residencia.
Hasta el momento, Julio Iglesias no ha respondido personalmente a preguntas de elDiario.es y Univision Noticias, pero en un comunicado público negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer.
El proceso continúa bajo análisis de la Fiscalía, que deberá decidir si tiene competencia para investigar y, en su caso, avanzar con la causa, tomando en cuenta la legislación española sobre delitos cometidos en el extranjero y la cooperación internacional. La decisión sobre la jurisdicción será clave para determinar el futuro del caso.
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