La libertad de prensa en América atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años, con especial preocupación por la situación en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde los gobiernos mantienen fuertes mecanismos de control, censura y hostigamiento contra periodistas y medios independientes.
Así lo advierte la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la más reciente edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, correspondiente a 2025. El informe concluye que el ejercicio del periodismo en el continente sufrió un deterioro “dramático”, registrando el promedio regional más bajo desde que se comenzó a elaborar este indicador en 2020.
El estudio, elaborado con la participación de 195 expertos en 23 países, otorga a la región un promedio de apenas 47,13 puntos sobre 100, reflejando un retroceso significativo en las condiciones para informar y opinar libremente.
De acuerdo con la SIP, este escenario se caracteriza por homicidios de periodistas, detenciones arbitrarias, exilios forzados, procesos judiciales y una creciente impunidad frente a los ataques contra la prensa.
Entre los países con mayores restricciones destacan Cuba, Venezuela y Nicaragua, señalados por el informe como algunos de los lugares más hostiles del continente para el ejercicio del periodismo independiente.
En el caso cubano, la SIP advierte que el régimen mantiene un control casi total sobre la información y ha sofisticado los mecanismos de presión contra periodistas y comunicadores independientes.
El informe señala que las autoridades suelen calificar el trabajo de la prensa independiente como “mercenarismo”, una estrategia que busca desacreditar a quienes informan fuera de los medios oficiales.
Además, documenta operativos de vigilancia frente a viviendas de periodistas, con el objetivo de impedirles salir a trabajar. Esta práctica, descrita como una especie de arresto domiciliario de facto, se habría repetido durante buena parte de 2025.
Para la SIP, el modelo cubano se basa en un sistema donde el Estado monopoliza los medios de comunicación y reprime cualquier intento de periodismo independiente o crítico.
La situación es aún más grave en Venezuela y Nicaragua, los dos países que ocupan los últimos lugares del ranking regional.
Venezuela obtuvo la puntuación más baja del estudio, con apenas 7,02 puntos, lo que la mantiene en la categoría de países “sin libertad de expresión”. Según la SIP, el gobierno continúa aplicando prácticas represivas, detenciones arbitrarias y cierre de medios.
El informe denuncia que más de 400 emisoras de radio han sido cerradas en los últimos años y que al menos 25 periodistas fueron detenidos tras las elecciones de 2024.
Además, la autocensura se ha vuelto común entre los medios que aún operan en el país, mientras los medios estatales funcionan principalmente como plataformas de propaganda gubernamental.
En Nicaragua, que obtuvo 18,22 puntos, el informe describe un proceso acelerado hacia un modelo totalitario bajo el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según la SIP, el gobierno ha eliminado progresivamente el periodismo independiente mediante presiones judiciales, persecución política, confiscación de medios y reformas legales que consolidan el control del poder ejecutivo sobre todas las instituciones del Estado.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reportó 13 asesinatos de periodistas en la región durante 2025, frente a siete registrados el año anterior.
Cristina Zahar, coordinadora del CPJ para América Latina, señaló que en varios países se observa un patrón de ataques desde el propio poder político.
Según explicó, algunos gobiernos impulsan leyes sobre terrorismo, ciberdelitos o regulación de organizaciones civiles que terminan siendo utilizadas para criminalizar el trabajo de la prensa.
La SIP también advierte sobre una creciente retórica política que presenta a los periodistas como “enemigos”, lo que contribuye a deslegitimar su labor y a debilitar los mecanismos de rendición de cuentas.
Frente a este panorama, el informe concluye que el continente atraviesa uno de los períodos más complejos para el ejercicio del periodismo, con riesgos crecientes para la libertad de expresión y el derecho ciudadano a recibir información independiente.
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