Dos ciudadanos venezolanos protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) han sido acusados formalmente en Miami por su presunta implicación en un esquema de fraude que afectó al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), creado para ayudar a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.
Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, fueron señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Las autoridades alegan que ambos participaron en un plan para presentar solicitudes con información falsa al programa federal de ayuda, con el objetivo de obtener fondos de manera ilegal.
De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones presentadas en audiencias públicas, los acusados habrían utilizado documentación fiscal alterada y datos empresariales ficticios para obtener préstamos bajo el programa PPP, que buscaba proteger el empleo en pequeñas empresas afectadas por la emergencia sanitaria.
El caso detalla que Urribarri y Muñoz no solo habrían presentado solicitudes como trabajadores independientes, sino que también habrían gestionado una tercera solicitud a nombre de su propia empresa, FU&MM General Services. Según la acusación, ambos figuraban como principales responsables de la compañía: Urribarri como presidente y Muñoz como vicepresidenta.
En la solicitud empresarial, los fiscales sostienen que inflaron tanto los ingresos como el número de empleados de la empresa, lo que habría llevado a la aprobación de un préstamo de aproximadamente 438,000 dólares. Este comportamiento constituye, según el expediente, un acto deliberado de engaño a los mecanismos de ayuda económica habilitados durante la pandemia.
Las autoridades federales continúan investigando el destino del dinero obtenido, así como la posible existencia de otras irregularidades relacionadas con este caso. No se descarta que más personas o empresas puedan ser incluidas en futuras acusaciones si se encuentran nuevos elementos que lo justifiquen.
El caso de Urribarri y Muñoz se suma a una serie de investigaciones similares que han revelado abusos al programa PPP, el cual, pese a estar diseñado para ofrecer un salvavidas económico, ha sido objeto de numerosos fraudes a nivel nacional.
Ambos acusados podrían enfrentar penas significativas si son hallados culpables, ya que tanto el fraude electrónico como el lavado de dinero conllevan sanciones federales severas.
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