El monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etecsa, no solo ha reportado 16 hechos vandálicos contra su infraestructura en la provincia de Artemisa en lo que va de 2025, sino que también ha aprovechado la situación para reforzar su discurso de control y amenaza contra quienes buscan alternativas independientes para conectarse a Internet.
Los incidentes reportados incluyen el robo de bajantes telefónicos, daños a teléfonos públicos y afectaciones a la planta exterior, según detalló el semanario oficialista El Artemiseño. El municipio de Caimito es el más afectado con seis casos, seguido por Guanajay y Bauta con tres cada uno, y localidades como Alquízar, Bahía Honda, Güira de Melena y Mariel con un caso por zona.
Pero más allá del impacto técnico o económico, lo que más preocupa al régimen es el creciente uso de equipos ilegales por parte de ciudadanos que intentan acceder a una Internet más libre. Etecsa ha lanzado una nueva advertencia sobre la importación y uso de amplificadores de señal y repetidores móviles, acusándolos de provocar interferencias en la red, especialmente en zonas WiFi públicas. Sin embargo, la verdadera razón detrás de esta campaña es mucho más política que técnica.
El régimen teme que la población cubana siga buscando formas de romper el cerco informativo al que está sometida. La mayoría de los medios de comunicación en Cuba están controlados por el Estado y responden a intereses ideológicos, ofreciendo una visión parcializada y adoctrinada de la realidad nacional e internacional. En este contexto, el acceso libre a Internet representa una amenaza directa al control narrativo del gobierno.
Por eso, Etecsa recurre al Decreto-Ley No. 35, aprobado en 2021, como instrumento para perseguir y sancionar a quienes intenten conectarse por vías no autorizadas. Esta norma permite el decomiso de los equipos considerados ilegales y la imposición de multas de hasta 2,000 pesos cubanos. Aunque se justifica como una medida técnica para proteger la calidad del servicio, en realidad funciona como un mecanismo represivo para limitar el acceso libre a la información.
Leidy Alfonso Espinosa, especialista en Comunicación de Etecsa en Artemisa, declaró que el 60% de las radiobases en la provincia no cuentan con respaldo energético, lo que agrava las interrupciones en la conectividad debido a los prolongados cortes eléctricos. Esta falta de infraestructura no es responsabilidad de los ciudadanos, sino consecuencia de la ineficiencia estatal. Aun así, Etecsa prefiere culpar al pueblo por sus intentos de buscar soluciones por cuenta propia.
Mientras el gobierno insiste en responsabilizar a “elementos vandálicos” y al uso de tecnología no aprobada, lo que está realmente en juego es la posibilidad de que los cubanos accedan a información no filtrada por el poder. En lugar de ofrecer servicios eficientes y accesibles, Etecsa opta por mantener a la población en la oscuridad, reafirmando que en Cuba la conectividad también es un terreno de control ideológico.
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