Liberia aceptará durante el próximo año hasta 1.200 personas deportadas desde Estados Unidos que no son ciudadanos de ese país africano, como parte de un nuevo acuerdo migratorio con la Administración de Donald Trump.
El primer grupo, compuesto por unas 20 personas, está previsto que llegue este jueves, según anunció el ministro de Información liberiano, Jerolinmek Piah. Los deportados procederán de distintas regiones, incluyendo África, Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.
El medio estadounidense FOX News informó que las personas trasladadas podrán solicitar asilo en Liberia y tendrán la posibilidad de abandonar el país si así lo desean. Las autoridades liberianas aseguran que serán recibidas como «invitados» y que recibirán apoyo para permanecer seguras mientras gestionan cualquier solicitud de protección internacional.
El Gobierno de Liberia también recibirá asistencia estadounidense para administrar el programa y fortalecer su sistema migratorio. Piah defendió el acuerdo como una decisión de carácter humanitario y vinculada a la historia del país africano como territorio de acogida para personas que buscan refugio.
El ministro de Justicia, Natu Oswald Tweh, afirmó que los deportados han sido sometidos a controles antes de su llegada. Las autoridades liberianas también insistieron en que las personas trasladadas no serán consideradas delincuentes ni estarán sometidas a procesos penales en Liberia.
El acuerdo forma parte de la estrategia de la Administración Trump para ampliar las deportaciones hacia países distintos a los de origen de los migrantes.
Defensores de los inmigrantes han cuestionado esta práctica y alertan sobre los posibles riesgos para personas que son trasladadas a naciones con las que no tienen vínculos familiares, sociales o culturales.
Una preocupación particular se refiere a migrantes que cuentan con órdenes de protección emitidas por tribunales estadounidenses que impiden su devolución directa a determinados países debido a posibles riesgos de persecución, tortura u otros abusos.
No está claro si alguno de los integrantes del primer grupo enviado a Liberia cuenta con ese tipo de protección.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que los acuerdos con terceros países pueden aumentar la presión sobre algunos migrantes para que terminen regresando a sus lugares de origen, incluso cuando previamente alegaron que hacerlo podría poner en peligro su seguridad.
La Administración estadounidense defiende estos acuerdos como legales y sostiene que las leyes migratorias permiten trasladar a deportados a países dispuestos a recibirlos. El año pasado, la Corte Suprema permitió temporalmente que continuaran las deportaciones a terceros países mientras avanzaban las disputas judiciales sobre los procedimientos aplicables.
El acuerdo con Liberia establece que las personas trasladadas no serán devueltas a sus países de origen mientras tengan pendiente una solicitud de protección y que ambos gobiernos deberán respetar las normas internacionales sobre refugiados y contra la tortura.
Liberia se suma así a otros países africanos que han aceptado recibir deportados de terceros países, entre ellos Ghana, Sierra Leona, Camerún, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y República Democrática del Congo.
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