El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en documentos oficiales que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, se reunió en Medellín, Colombia, en 2020 con disidencias de las FARC para coordinar el transporte de cocaína y armas hacia Estados Unidos, según un escrito de acusación citado por NTN24. El Gobierno estadounidense sostiene que estos encuentros formaron parte de un plan extendido para establecer rutas de narcotráfico internacional que operarían hasta aproximadamente 2026.
Según el documento de la Fiscalía estadounidense, Maduro Guerra discutió con representantes del grupo armado los arreglos para trasladar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia con destino a EE. UU.. Además, se indica que parte del acuerdo incluía el pago a las disidencias con armas a cambio de facilitar los cargamentos de droga.
El escrito también detalla que Maduro Guerra viajaba con frecuencia a Isla Margarita en aviones propiedad de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, los cuales eran cargados con grandes paquetes que, según entendía la tripulación, eran drogas. En una de esas ocasiones, el acusado habría afirmado que el avión podía “ir a donde quisiera, incluso a Estados Unidos”.
La acusación del Departamento de Justicia es parte de una ofensiva legal más amplia contra la cúpula del régimen venezolano, que incluye a Maduro, su esposa Cilia Flores y otros altos funcionarios, acusados en Estados Unidos de conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas. El documento judicial describe una estructura de corrupción en la que las élites venezolanas se habrían beneficiado de las ganancias del tráfico de drogas y de alianzas con grupos armados y narcotraficantes.
Es importante señalar que, aunque la acusación menciona al llamado Cartel de los Soles —término que ha sido utilizado para describir la red de altos oficiales corruptos vinculados al narcotráfico— el propio Departamento de Justicia recientemente eliminó la referencia a este como una organización criminal formal en su nueva imputación, describiéndolo más bien como un “sistema de clientelismo” o una “cultura de corrupción” dentro del Estado venezolano.
Estos señalamientos han generado reacciones mixtas entre analistas y funcionarios. Algunos expertos señalan que la retirada de la caracterización del Cartel de los Soles como una entidad criminal concreta responde a motivos legales, porque esa denominación nunca se ha mencionado en evaluaciones oficiales de narcotráfico como las de la DEA o la ONU, y más bien operaba como un término coloquial para describir el uso del poder estatal para facilitar el tráfico de drogas.
Mientras tanto, en Venezuela, las autoridades chavistas han negado repetidamente cualquier participación en actividades de narcotráfico, calificando las acusaciones de Estados Unidos como motivadas políticamente y parte de una campaña para deslegitimar al régimen e intervenir en los asuntos internos del país. Estas negaciones también han acompañado discursos oficiales que culpan a Estados Unidos de buscar el control de los recursos petroleros venezolanos.
De prosperar en tribunales estadounidenses, las acusaciones contra Maduro Guerra podrían exponerlo a penas extremadamente severas, incluida la cadena perpetua, dado que se trata de cargos federales relacionados con el narcotráfico internacional y la conspiración para enviar grandes volúmenes de drogas a territorio estadounidense.
Este caso se suma al amplio proceso legal que enfrenta la alta dirigencia del régimen venezolano en Estados Unidos, donde las autoridades han elevado la presión internacional y judicial sobre figuras clave acusadas de corrupción, narcotráfico y narco-terrorismo.
Fuente: NTN 24