La situación actual en Los Ángeles representa una escalada sin precedentes en la intervención militar federal dentro de un contexto civil. El comando del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos declaró que aproximadamente 2 000 soldados de la Guardia Nacional de California han sido puestos en estatus federal bajo el Título 10 del Código de los Estados Unidos, destinados a proteger propiedades y personal federal en la región.
Hasta el momento, unos 300 efectivos originarios del 79.º Equipo de Combate de Brigada de Infantería (79 IBCT) se encuentran desplegados en tres puntos estratégicos: Los Ángeles, Paramount y Compton. Además, el Comando Norte colocó en alerta a 500 marines del 2.º Batallón, 7.º de Marines, radicados en Twentynine Palms, preparados para desplegarse si la situación se agrava.
El presidente Trump justificó esta acción amparado en la sección 12406 del Título 10, que le permite federalizar a la Guardia Nacional ante una “rebelión o peligro de rebelión” que impida la aplicación de la ley federal. Sin embargo, este despliegue se está realizando sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, quien lo calificó de “ilegal”, “inflatario” y una grave violación a la soberanía estatal.
La respuesta en las calles ha sido contundente. Las redadas lanzadas por ICE provocaron protestas que comenzaron el viernes por la noche cerca del centro federal y se extendieron el sábado y domingo hacia Paramount y Compton.
Miles de manifestantes bloquearon tramos de la autopista 101, prendieron fuego a vehículos autónomos Waymo y lanzaron fuegos artificiales, rocas y cócteles molotov. La policía local y la Guardia Nacional respondieron con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras, declarando el centro de Los Ángeles como “asamblea ilegal”.
El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, ha reconocido que sus oficiales estaban desbordados por la intensidad de los disturbios, con al menos 60 arrestados el domingo, algunos por lanzar proyectiles o cócteles molotov.
El gobernador Newsom, junto a la alcaldesa Karen Bass, ha exigido la retirada de las tropas federales y ha instado a los manifestantes a mantener la calma y evitar la violencia
El despliegue militar sin petición estatal es una medida sin precedentes desde la década de 1960 y pone en debate la relación entre la autoridad federal, la soberanía estatal y los derechos constitucionales de protesta.
Los abogados y activistas expresan preocupación por la militarización del espacio público y la posible vulneración de los derechos civiles, mientras autoridades federales defienden la acción ante lo que califican de mezcla de protestas pacíficas con hechos de violencia .
Se espera que el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos emita nuevos informes conforme se desplieguen más unidades, incluyendo posibles adicionales de la Guardia Nacional y marines. Mientras, la tensión social y política en California continúa escalando.
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