Estados Unidos deportó recientemente a un migrante cubano (no identificado) hacia Esuatini, en el sur de África, luego de que el régimen de La Habana se negara a recibirlo debido a su extenso historial delictivo.
Esta decisión se enmarca en una estrategia migratoria más amplia que contempla el envío de extranjeros con antecedentes penales a terceros países, ante la negativa de sus gobiernos de origen de aceptarlos de vuelta.
El ciudadano cubano fue condenado en EEUU por asesinato en primer grado, agresión agravada contra un oficial de policía, hurto mayor de vehículo, evasión de la ley y conducción imprudente.
También se confirmó su afiliación a la pandilla Latin King. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin, afirmó que estas personas “aterrorizaron comunidades estadounidenses” y que su expulsión responde a las prioridades de seguridad de la administración Trump y la secretaria Kristi Noem.
"El vuelo que llevó al cubano también incluía a migrantes de Jamaica, Yemen, Laos y Vietnam, todos con condenas criminales graves y rechazados por sus países de origen. La práctica de deportaciones a terceros países ha ganado impulso luego de que la Corte Suprema autorizara esta estrategia con notificación mínima previa."
Este caso no es aislado. En mayo pasado, otros dos cubanos con un historial delictivo similar fueron deportados a Sudán del Sur, tras una negativa del régimen cubano a permitir su reingreso.
Identificados como Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, ambos enfrentaban múltiples condenas por homicidio, secuestro, tráfico humano y otros delitos. La posición del gobierno cubano fue que no eran elegibles para la repatriación, ya que habían abandonado la Isla a una edad temprana.
"Aunque existen acuerdos migratorios firmados durante la administración Obama que obligan a Cuba a recibir migrantes irregulares, en la práctica el régimen solo acepta a quienes no presentan antecedentes penales. Cada expediente es revisado por el Ministerio del Interior cubano, que da preferencia a jóvenes sin historial delictivo."
Ante este escenario, la administración estadounidense ha comenzado a negociar acuerdos con más de 50 países para que acepten a migrantes rechazados por sus gobiernos.
Actualmente, al menos 23 países —incluidos Cuba, China, Venezuela y Haití— son considerados “recalcitrantes” por negarse sistemáticamente a recibir a sus ciudadanos con historial criminal.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por enviar personas a naciones con condiciones políticas y sociales inestables. Sin embargo, Washington insiste en que estas medidas son necesarias para proteger a las comunidades en territorio estadounidense y reforzar su política migratoria.
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