Hace exactamente un mes, Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, dejó de ser un actor activo en la política del país tras ser capturado en una operación estadounidense conocida como Resolución o Determinación Absoluta de la Inteligencia y las Fuerzas Armadas. Tras permanecer solo tres días en el Palacio de Miraflores al iniciar 2026, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados primero a un buque de asalto estadounidense y luego a Nueva York, enfrentando acusaciones de liderar un gobierno corrupto y de colaborar con cárteles de narcotráfico que habrían introducido miles de toneladas de cocaína en EE. UU. La pareja se declaró inocente y afirmó ser “prisioneros de guerra”, mientras su defensa cuestiona la legalidad de su secuestro militar y podría alegar inmunidad como jefe de Estado.
La operación forma parte de la Operación Lanza del Sur, la campaña militar estadounidense en el Caribe que, según la Casa Blanca de Donald Trump, busca frenar el narcotráfico, aunque diversas ONG y la oposición demócrata denuncian ejecuciones extrajudiciales.
La captura de Maduro, sin embargo, revela objetivos mucho más amplios: consolidar la influencia de EE. UU. sobre Venezuela y modificar las reglas del juego político y económico en el país.
Con Maduro fuera de escena, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, alineándose con la nueva tutela de Washington. La estrategia de EE. UU. combina presión y concesiones: se ha evitado facilitar elecciones inmediatas y se ha desestimado a la oposición tradicional, pero se han implementado gestos como la amnistía a presos políticos, lo que genera un optimismo moderado entre los venezolanos y su diáspora. Al mismo tiempo, la Casa Blanca manipula el mercado petrolero para sus intereses estratégicos, dejando claro que cualquier resistencia a la nueva agenda estadounidense podría tener consecuencias.
El golpe político y militar de EE. UU. provoca reacciones internacionales: varios países, incluidos aliados históricos de Washington, condenaron la operación en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuestionando la legalidad de la intervención. Expertos en derecho internacional, como Matthew C. Waxman del Council on Foreign Relations, recuerdan que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra otro Estado, salvo autorización del Consejo de Seguridad o legítima defensa, y que EE. UU. no ha presentado justificación que cumpla estos criterios.
Maduro y Flores permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, conocido por sus duras condiciones, donde se enfrentarán a un juicio que podría terminar en cadena perpetua. La próxima audiencia está prevista para el 17 de marzo de 2026.
En solo un mes, Venezuela ha pasado de tener un liderazgo consolidado bajo Maduro a una situación de transición controlada por Estados Unidos, con implicaciones políticas, judiciales y económicas profundas, y un país que experimenta una apertura limitada, marcada por la incertidumbre y la influencia de la Casa Blanca.
Fuente: HUFFPOST
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