Un juez federal bloqueó este viernes los esfuerzos de la administración Trump para reducir significativamente la financiación y el personal de Voice of America (VOA), el servicio de radiodifusión internacional de Estados Unidos, tras la orden ejecutiva del presidente que recortaba su presupuesto. La medida había sido impulsada por Trump bajo el argumento de que VOA se había desviado de sus principios y tenía un sesgo izquierdista.
El juez James Paul Oetken calificó de "arbitraria y caprichosa" la decisión de la administración y emitió una orden de restricción temporal que impide la suspensión de contratos, despidos o cierres de oficinas tanto en Estados Unidos como en el extranjero. La orden también prohíbe que la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), que supervisa a VOA, termine la financiación de otras emisoras como Radio Free Europe/Radio Liberty y Radio Free Asia.
La batalla legal comenzó después de que VOA despidiera a más de 1.200 empleados a principios de marzo, a raíz de los recortes presupuestarios impulsados por la Casa Blanca. La administración había citado lo que consideraba una falta de alineación con sus valores, particularmente tras acusaciones de que la emisora mostraba un sesgo favorable hacia el expresidente Joe Biden y promovía temas como el racismo y la migración transgénero.
La coalición de periodistas, sindicatos y grupos de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras, que demandó al gobierno, argumentó que esta medida no solo ponía en riesgo los empleos, sino que también violaba la libertad de prensa al interferir con la misión no partidista de VOA. Andrew G. Celli Jr., abogado de los demandantes, calificó la decisión del juez como una "victoria decisiva para la libertad de prensa" y un "reproche severo" contra lo que consideró un "desprecio" de la administración Trump por los principios democráticos fundamentales.
El juez Oetken también criticó el enfoque de la administración Trump durante la audiencia, alegando que los funcionarios de la USAGM, incluida la asesora especial Kari Lake, habían tomado decisiones apresuradas sin considerar las repercusiones. Además, Oetken subrayó que VOA ha sido una agencia financiada por el Congreso y protegida por la ley para ofrecer un servicio de información libre de interferencias políticas.
La Casa Blanca, por su parte, defendió los recortes señalando que VOA había sido utilizada para "propaganda radical" y criticando la cobertura que se dio en temas como la discriminación racial y los derechos de los migrantes transgénero. Según los opositores a la emisora, este tipo de contenido era incompatible con los valores pro-estadounidenses que la administración Trump esperaba promover.
En respuesta a la sentencia, VOA comenzó a restaurar la financiación de sus emisiones, incluyendo a Radio Free Europe, luego de la orden judicial emitida por otro juez en Washington D.C. El Congreso, que aprobó una asignación de casi 860 millones de dólares para la USAGM este año fiscal, ha respaldado tradicionalmente la misión de VOA de ser un medio imparcial y libre, sin intervención política.
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