El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba sancionó recientemente a un ciudadano por delitos relacionados con drogas ilícitas, en un juicio descrito por medios oficialistas como “ejemplarizante”. El acusado fue sorprendido en la vía pública con varios envoltorios de sustancias tóxicas y una considerable suma de dinero en efectivo, y fue condenado a ocho años de privación de libertad, con sanciones accesorias como la pérdida de derechos ciudadanos, decomiso de bienes y prohibición de salida del país.
El proceso se llevó a cabo bajo el artículo 235.1 del Código Penal cubano, que contempla penas de entre 4 y 10 años de prisión para quienes sean hallados culpables de este tipo de delitos. Según reportes oficiales, el tribunal tuvo en cuenta tanto la gravedad de los hechos como el “perfil personal” del acusado para fijar la condena. Las autoridades insisten en que se respetaron todas las garantías del debido proceso.
Sin embargo, más allá del caso puntual, este juicio pone en evidencia un fenómeno que gana terreno en la isla: el aumento del consumo y tráfico de drogas, un tema que por años fue considerado tabú por el gobierno cubano. Durante décadas, el régimen promovió la imagen de una Cuba libre de narcotráfico, a diferencia de otros países de la región. Sin embargo, la realidad actual contradice ese discurso.
Con el agravamiento de la crisis económica, la desesperanza entre los jóvenes y la proliferación de redes ilegales de comercio, el consumo de drogas ha dejado de ser un fenómeno marginal. Numerosos testimonios y denuncias en redes sociales han expuesto el crecimiento de este problema en zonas urbanas y semiurbanas, donde incluso se comercializan sustancias dentro de escuelas o centros recreativos.
Las autoridades, por su parte, han optado por abordar el fenómeno desde un enfoque punitivo, centrado en condenas severas y actos judiciales ejemplarizantes, sin ofrecer datos claros sobre la dimensión del problema ni asumir una estrategia de salud pública. Las campañas de prevención son escasas, y la rehabilitación de consumidores no parece ser una prioridad del sistema sanitario cubano, ya de por sí colapsado.
En este contexto, el juicio celebrado en Santiago de Cuba puede verse más como un intento de control social que como una solución integral al problema. Mientras tanto, el consumo de drogas continúa creciendo silenciosamente, en una Cuba que ya no puede esconder bajo la alfombra las consecuencias de su prolongada crisis estructural.
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