El segundo juicio contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y exviceprimer ministro cubano, sería “inminente” y volverá a celebrarse a puertas cerradas, en un clima de hermetismo similar al que rodeó el proceso de espionaje concluido hace apenas dos semanas.
Así lo confirmó desde España su hermana, la abogada y expresentadora de la televisión cubana María Victoria Gil, en entrevista con le medio independiente cubano Martí Noticias. “Mi fuente me ha dicho que el juicio es inminente, posiblemente esta misma semana”, aseguró.
La familia insiste en que el régimen separó artificialmente las causas para controlar la narrativa y minimizar el impacto político de un caso que, según María Victoria, “involucra a gente muy importante y puede destapar muchas interioridades del poder”. Aunque solicitaron que la vista oral fuese pública, la abogada lo ve prácticamente imposible: “Mi hermano sabe demasiado. Desde el primer día dijo que quería hablar, y por supuesto, lo van a silenciar”.
El entorno jurídico coincide en que el régimen no permitirá que un exministro con acceso a información sensible exponga tensiones internas, contradicciones o redes económicas de la élite cubana. El juicio, como el primero, se desarrollará previsiblemente con fuerte presencia de la Seguridad del Estado, sin acceso para la prensa y sin comunicación oficial del Tribunal Supremo Popular, que aún no ha informado si el primer proceso quedó visto para sentencia.
Según confirmó María Victoria Gil, los otros diez delitos atribuidos a su hermano —entre ellos malversación, lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias— corresponden a la época en que Alejandro Gil fue gerente de la empresa de seguros marítimos Caudal en el Reino Unido. Durante ese tiempo vivió en Londres con su familia y disfrutó de lujos propios de ejecutivos con acceso a fondos internacionales, como una membresía en un club exclusivo de Miramar y un auto de alta gama.
La hermana sostiene que esta vida acomodada formaba parte del engranaje empresarial del Estado cubano para mover capitales en el extranjero, y no de una red criminal personal, como pretende demostrar la Fiscalía. Aunque la petición fiscal no se ha hecho pública, asegura que el régimen buscaría una condena de 30 años en el segundo juicio, mientras que en el primero —celebrado entre el 11 y el 13 de noviembre— la fiscalía habría solicitado cadena perpetua por presunto espionaje a favor de la CIA.
María Victoria insiste en que la acusación de espionaje es “totalmente falsa”, aunque añade: “Prefiero pensar que mi hermano fue captado por la CIA a creer que fue un servidor fiel del régimen que ahora lo destruye”. Durante la vista de noviembre, la defensa rebatió las acusaciones y Gil negó haber trabajado para una potencia extranjera.
El doble juicio contra Alejandro Gil se desarrolla en medio de apagones históricos, crisis de abastecimiento, protestas locales y deterioro económico sin precedentes. Para sectores de la sociedad, Gil es responsable del traumático “ordenamiento”, pero para su familia y analistas es hoy un chivo expiatorio útil para desviar la frustración popular.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo Popular no ha dado señales de si ha concluido la fase de análisis del primer juicio ni cuándo podría emitir sentencia. Tampoco ha anunciado fecha para el segundo proceso. El caso se maneja con un nivel de secretismo que revela no solo la gravedad del expediente, sino el temor del régimen cubano a que se conozcan las interioridades de una de las mayores crisis políticas internas de los últimos años.
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