El régimen de Cuba anunció la conclusión del proceso de excarcelación anticipada de 553 prisioneros, pero la realidad es que la mayoría de los presos políticos siguen tras las rejas. De acuerdo con la ONG Justicia 11J, solo alrededor de 200 de los liberados son opositores, mientras que el resto son reclusos comunes.
El Tribunal Supremo Popular (TSP) presentó la medida como una decisión unilateral, aunque informes internacionales indican que fue resultado de presiones diplomáticas, especialmente del Vaticano. Sin embargo, esta excarcelación no ha significado una verdadera liberación para los beneficiados, quienes continúan bajo estrictas condiciones y vigilancia.
Los excarcelados, entre ellos los disidentes José Daniel Ferrer y Félix Navarro, enfrentan un régimen de control que les obliga a presentarse regularmente ante un juez, aceptar sanciones accesorias y asumir responsabilidades civiles impuestas por el Estado. En la práctica, estas medidas convierten su excarcelación en una libertad condicional altamente restrictiva, donde cualquier incumplimiento podría devolverlos a la cárcel de inmediato.
Además, Justicia 11J ha denunciado que el gobierno cubano llevó a cabo este proceso con total opacidad, sin publicar la lista de los beneficiados ni los criterios de selección. La ONG alertó que las excarcelaciones solo se produjeron entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, sin previo aviso y sin transparencia.
El periodista independiente José Raúl Gallego destacó que, aunque el régimen intenta vender esta medida como una concesión humanitaria, la represión continúa con más de 900 presos políticos aún encarcelados. Además, el gobierno sigue fabricando nuevos casos contra la disidencia para mantener su control represivo.
Gallego subrayó que las excarcelaciones responden a la necesidad del régimen de mejorar su imagen ante la comunidad internacional, especialmente después de la reciente decisión de la administración Biden de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, advirtió que estas excarcelaciones no significan un cambio real, sino una estrategia política para aliviar la presión externa.
Las restricciones impuestas a los excarcelados permiten al régimen revocar su libertad en cualquier momento. Aquellos que no se incorporen al trabajo o estudio sin justificación, o que no cumplan con las comparecencias ante el juez de ejecución, pueden ser devueltos a prisión sin mayores explicaciones.
Justicia 11J y otras organizaciones de derechos humanos han exigido transparencia en este proceso y han instado a la comunidad internacional a no aceptar esta medida como una señal de apertura. En su lugar, han pedido mayor presión para lograr la liberación incondicional de todos los presos políticos en Cuba.
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