Un escandaloso caso de robo de combustible ha sacudido a La Habana, dejando al descubierto graves fallas en el control estatal y afectando directamente la economía y el sector energético cubano. Más de 817.000 litros de combustible tipo Jet A1, destinado al abastecimiento de aeronaves, fueron sustraídos ilegalmente de los depósitos de la empresa de transporte de hidrocarburos de Guanabacoa, ubicada en el primer anillo de la autopista nacional.
Las investigaciones revelan que el robo fue planeado y ejecutado por empleados, directivos y personas externas, quienes recurrieron a un sofisticado método de manipulación térmica de los tanques. Esta práctica fraudulenta alteraba los registros de temperatura para simular pérdidas naturales de combustible por evaporación, cuando en realidad el líquido era sustraído sistemáticamente.
El mecanismo explotaba una relación física básica: el volumen de los líquidos cambia con la temperatura. Al calentar ligeramente el interior de los tanques, los delincuentes provocaban una expansión artificial del volumen del combustible. Más tarde, al registrar temperaturas falsificadas o al enfriar el tanque, el sistema mostraba una “pérdida” atribuida a la evaporación. Esa diferencia era, en realidad, el volumen robado.
El combustible Jet A1, utilizado en aviación, es especialmente sensible a las variaciones térmicas, lo que facilitó el engaño. Los responsables manipulaban los sensores y los registros automáticos para que las pérdidas parecieran parte del proceso natural de evaporación, justificándolas con cálculos de corrección térmica falsos.
Las sustracciones ocurrieron durante un período prolongado, generando pérdidas superiores a 18 millones de pesos cubanos (CUP) y afectando directamente el suministro de combustible para aviones comerciales y estatales. La interrupción impactó a aerolíneas e instituciones aeroportuarias que dependen del abastecimiento constante del Jet A1.
La Fiscalía de La Habana abrió una investigación que destapó una red de corrupción dentro de la empresa estatal, integrada por operarios, técnicos y directivos, además de cómplices externos encargados de comercializar el combustible robado.
El Tribunal Provincial Popular de La Habana dictó sentencias ejemplarizantes: 17 personas fueron condenadas a penas de entre 7 y 10 años de prisión por delitos de malversación, cohecho y receptación. Algunos casos incluyeron agravantes por sabotaje, elevando las condenas hasta 30 años de cárcel.
Este episodio vuelve a evidenciar la profunda fragilidad de los controles internos en las empresas estatales cubanas y la corrupción generalizada que las atraviesa. En un contexto de crisis energética, los robos de combustible se han vuelto frecuentes, afectando sectores estratégicos como el transporte, la aviación y la generación eléctrica.
El caso de Guanabacoa no solo expone una estafa millonaria, sino también una verdad incómoda: la falta de supervisión efectiva y la impunidad alimentan una corrupción estructural que amenaza los recursos vitales del país.
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