Un inmigrante cubano identificado como Mario —nombre utilizado para proteger su privacidad— enfrenta una multa que ya supera los 1.8 millones de dólares en Estados Unidos, tras no cumplir una orden de deportación emitida en 2010. El caso ha generado atención por el elevado monto de la sanción y por las dudas en torno al debido proceso.
De acuerdo con la información disponible, la orden de deportación habría sido emitida hace más de una década, pero el ciudadano cubano asegura que nunca fue notificado oficialmente. Según su testimonio, en ese período se encontraba bajo custodia estatal por un caso penal no relacionado con inmigración, situación que se extendió aproximadamente entre 2007 y 2012.
Durante ese tiempo, afirma que no fue llevado a audiencias migratorias ni informado de ningún procedimiento de expulsión. “Nunca supe nada de esa orden, hasta ahora no entiendo cómo pudo pasar”, ha expresado, visiblemente afectado por la situación.
La multa, que se ha ido acumulando con los años por incumplimiento de la orden de salida del país, llegó recientemente a sus manos en forma de notificación oficial. El impacto, según ha relatado, ha sido devastador en su vida cotidiana. “No puedo dormir ni comer pensando en esto, es una situación imposible”, habría señalado, calificando la sanción como “una ridiculez” debido a la falta de notificación previa.
Expertos en inmigración consultados en reportes similares explican que este tipo de casos puede ocurrir cuando una corte migratoria emite una orden en ausencia del acusado, especialmente si la persona no comparece a la audiencia por encontrarse detenida en otro proceso judicial. En esos escenarios, el tribunal puede continuar el procedimiento sin la presencia del inmigrante.
No obstante, especialistas legales también señalan que existen mecanismos para revisar el caso si se demuestra que no hubo notificación adecuada o que la persona no tuvo la oportunidad de defenderse. En esas circunstancias, la defensa podría solicitar la reapertura del expediente migratorio e incluso la anulación de la sanción económica.
En medio de la controversia, también ha trascendido que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció recientemente una política que permitiría condonar ciertas multas a personas que opten por la autodeportación a través de la aplicación CBP Home, una alternativa que podría influir en casos como este.
Fuente: Telemundo
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