Legisladores republicanos de Florida reaccionaron con entusiasmo a la reciente orden ejecutiva firmada por Donald Trump contra el Gobierno cubano, a la que describieron como un paso necesario para aumentar la presión sobre La Habana y frenar lo que consideran una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
El senador Rick Scott fue uno de los más contundentes. Vinculó la medida con su propia agenda legislativa y afirmó que marca un avance significativo hacia la rendición de cuentas del régimen. Además, insistió en que el Congreso debería consolidar estas sanciones mediante ley para evitar que futuras administraciones puedan revertirlas.
En la misma línea, la congresista María Elvira Salazar defendió la decisión como parte de una política de “máxima presión”, argumentando que Cuba mantiene vínculos con actores considerados hostiles por Washington y representa un riesgo a escasa distancia del territorio estadounidense.
Por su parte, el congresista Carlos Giménez subrayó que las sanciones buscan impactar directamente en el aparato de seguridad del Estado cubano, al que responsabiliza de la represión interna. También advirtió que quienes sostengan ese sistema enfrentarán consecuencias más severas.
Desde la Casa Blanca, la orden se justificó como una ampliación del marco sancionador existente. La medida contempla nuevas restricciones contra individuos, entidades y posibles colaboradores del Gobierno cubano implicados en corrupción, violaciones de derechos humanos o actividades vinculadas a sectores estratégicos. Asimismo, abre la puerta a sancionar a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con actores ya penalizados.
Washington también acusó a La Habana de mantener relaciones con países y organizaciones adversarias, además de reprimir derechos fundamentales dentro de la isla.
La respuesta oficial cubana llegó a través del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien calificó las medidas como “ilegales y abusivas”, rechazando el argumento de seguridad nacional esgrimido por Estados Unidos.
Aunque no hubo una reacción inmediata coordinada del Partido Demócrata, días antes los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego habían criticado la escalada de tensiones, cuestionando el enfoque de política exterior de la administración Trump y alertando sobre el riesgo de conflictos innecesarios.
La orden ejecutiva no incluye por ahora una lista concreta de sancionados, pero establece un marco amplio que permitiría futuras designaciones. Su alcance abarca desde funcionarios y entidades estatales hasta actores económicos y financieros vinculados con el sistema cubano, reforzando así la estrategia de presión sobre la isla.
Fuentes: Cubanet y publicaciones de Rick Scott y María Elvira Salazar
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