El segundo juicio contra Alejandro Gil se mantiene bajo un secretismo impactante en el Tribunal Popular de Marianao. Sin prensa, sin público, con medidas de seguridad intensas. En este nuevo proceso se le imputan múltiples cargos relacionados con delitos económicos: malversación, evasión fiscal, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos y otros.
Las audiencias se desarrollan sin que se haya anunciado públicamente una fecha de sentencia. Tampoco se ha informado de forma oficial la petición fiscal exacta en este segundo juicio.
Según versiones públicas que provienen de familiares (su hermana, sobre todo), la petición del Ministerio Público incluiría penas muy severas: cadena perpetua por el cargo de espionaje, y hasta 30 años de cárcel en el caso de los delitos económicos.
Los familiares denuncian un aparato judicial extremadamente cerrado: la acusación formal no ha sido divulgada en su totalidad, ni los nombres de los otros acusados. Algunos de esos acusados —se dice— podrían incluir figuras políticas de peso, lo que según ello justificaría el hermetismo. Su hermana, María Victoria Gil, ha denunciado que su hermano sufre un deterioro físico y emocional significativo, y que el régimen de visitas es muy limitado, lo que dificulta las comunicaciones familiares.
El proceso se desarrolla en un contexto de máxima opacidad. Según los informes, la sala de actos tuvo que ser reorganizada debido a la cantidad de acusados, lo que plantea interrogantes sobre el alcance del caso y las implicaciones políticas detrás de la acusación.
La información proporcionada por el abogado defensor Abel Solá ha sido escasa y, en algunos casos, ambigua, lo que ha alimentado la especulación sobre los procedimientos que se siguen. Tres juristas cubanos consultados por Diario de Cuba, bajo condición de anonimato, han expresado preocupaciones sobre las violaciones al debido proceso y la falta de transparencia. Según un abogado en ejercicio desde Villa Clara, la población tiene el derecho a conocer los detalles de un juicio de corrupción que involucra a una figura de tan alto perfil, especialmente cuando el proceso afecta a la dirección del país.
El hecho de que el tribunal no haya revelado las identidades de los demás acusados ni sus cargos es considerado una vulneración de los principios básicos del sistema judicial, como el control ciudadano sobre la actuación de los jueces y el derecho a conocer los argumentos de la defensa.
Los juristas también señalaron que la falta de acceso a la información y la posibilidad de observar la práctica de pruebas socavan la confianza en el sistema judicial cubano. Un aspecto clave del juicio es su división en múltiples partes, lo que ha generado inquietud sobre la imparcialidad del proceso. La decisión de fraccionar el juicio, según los expertos, mina la credibilidad del sistema penal y pone en duda la equidad del juicio.
“El fiscal acusa por lo que le conviene y guarda o elimina lo que resulta incómodo”, advirtió un abogado sobre las posibles manipulaciones del proceso, subrayando la falta de autonomía del sistema judicial cubano.
Una jueza provincial que lleva más de 20 años en la administración de justicia señaló que el juicio contra el exfuncionario “apunta claramente a un fallo anticipado”. Según su experiencia, en Cuba el hermetismo procesal y las restricciones a la publicidad de los juicios son la norma, y no una excepción.
Esta falta de transparencia, explicó, responde a la lógica política del sistema, ya que Gil, como ministro, tuvo acceso a información clasificada. El Estado no permitirá que detalles sensibles se filtren públicamente, especialmente si involucran a figuras de alto nivel.
Abel Solá, el abogado defensor de Gil, ha sido descrito como un “brillante” profesional, pero las condiciones en las que se desarrolla su labor de defensa están severamente limitadas por el entorno restrictivo en el que trabaja.
Fuentes cercanas al defensor aseguran que su acceso a la información sobre el caso está limitado y la comunicación con otros colegas se ha vuelto casi imposible. Esto refleja el control que la seguridad del Estado ejerce sobre los abogados que manejan casos de alto perfil como el de Gil.
El caso de Alejandro Gil es de los más significativos en los últimos años por su alto perfil ya que fue uno de los encargados de dirigir la economía del país en un período crítico, lo que da al proceso un carácter simbólico y político.
Fuentes: Diario de Cuba
Periódico Cubano