La crisis energética en Cuba continúa generando descontento social y nuevas tensiones con el gobierno. Según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, al menos 27 personas fueron arrestadas en el municipio de Gibara, Holguín, tras participar en protestas pacíficas contra los prolongados cortes de electricidad.
De los detenidos, cuatro permanecen en prisión preventiva, mientras que el resto se encuentra bajo libertad condicional y bajo vigilancia. La organización denunció que los manifestantes fueron intimidados por fuerzas de seguridad, en un intento de frenar expresiones públicas de inconformidad.
Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de ciudadanos marchando pacíficamente por las calles de Gibara, golpeando cacerolas y coreando consignas como “Libertad”, “Poder y comida” y “El pueblo unido jamás será vencido”. Testigos aseguran que la protesta se originó tras un apagón de más de 20 horas, algo cada vez más frecuente en distintas regiones de la isla.
La estatal Unión Eléctrica (UNE) anunció recientemente apagones que llegaron a afectar hasta el 53% del territorio nacional en horas de mayor demanda. Actualmente, siete de las 20 unidades termoeléctricas están fuera de servicio por averías o mantenimiento, mientras que 43 motores de generación distribuida no funcionan por falta de combustible.
En los últimos meses, la población ha sufrido una media de 15 a 16 horas diarias sin corriente, con registros de hasta 20 horas en ciudades como Santiago de Cuba, Matanzas y Holguín. La situación responde a la obsolescencia de las plantas termoeléctricas, la escasez de divisas para importar combustible y un déficit histórico de inversión en el sector.
El gobierno cubano insiste en que el bloqueo de Estados Unidos es un factor determinante de la crisis, al que califica como “asfixia energética”. Sin embargo, analistas independientes sostienen que la raíz del problema está en la infrafinanciación crónica y la dependencia estatal absoluta en materia energética desde 1959.
Restaurar la estabilidad del sistema eléctrico requeriría una inversión estimada entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, cifra inalcanzable para una economía que, según datos oficiales, se contrajo un 1,1% en 2024 y acumula una caída del 11% en los últimos cinco años. La CEPAL prevé que la contracción económica continúe este año.
Los prolongados apagones han golpeado tanto la economía como la vida cotidiana, intensificando el malestar ciudadano y generando nuevas expresiones de protesta. Estos cortes de electricidad ya estuvieron en el origen de las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021, consideradas las más significativas en más de seis décadas de gobierno socialista.
Fuente: ANSA
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