El diario independiente 14ymedio reveló nuevos detalles sobre el proceso judicial que enfrenta el exministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, acusado de graves delitos como malversación, lavado de activos y espionaje. Según fuentes citadas por el medio, la Fiscalía cubana ha solicitado 30 años de prisión para Gil y penas mínimas de 15 años para el resto de los acusados, entre los cuales figuran un diputado de la Asamblea Nacional y un secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC).
La investigación, mantenida bajo un fuerte secretismo por parte de las autoridades, involucra una veintena de imputados. De ellos, algunos habrían sido liberados bajo medidas cautelares, mientras que otros permanecen en prisión preventiva. El propio Gil se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, bajo un régimen reservado para casos vinculados a la “seguridad del Estado”.
Según 14ymedio, este juicio podría desarrollarse a puertas cerradas, debido a la inclusión del delito de espionaje, uno de los más severos del Código Penal cubano y que puede llegar a ser castigado incluso con la pena de muerte. Esta acusación habría sido introducida “para justificar la falta de publicidad del proceso”.
La hija del exministro, Laura María Gil González, ha sido una de las voces más activas en defensa de su padre. A través de publicaciones en redes sociales, ha exigido “un juicio público y televisado”, tanto por medios nacionales como internacionales. En sus mensajes, asegura que su padre “no reconocerá delitos que no puedan ser verificados” y denuncia una campaña de desprestigio en su contra.
Laura María Gil lamentó la ola de ataques personales que ha recibido tras sus declaraciones, insistiendo en que su reclamo no es político, sino un pedido por “transparencia y debido proceso”. Sus palabras han generado reacciones encontradas entre los cubanos: mientras algunos la acusan de hipocresía por defender ahora derechos que negaron a otros, muchos reconocen su derecho a exigir justicia para su padre, independientemente de su pasado como funcionario del régimen.
El diario también cita a María Victoria Gil, hermana del exministro y abogada de formación, quien comparte las dudas sobre la veracidad de las acusaciones de espionaje: “Ese delito lo han traído por los pelos para justificar un juicio cerrado. La única manera de esclarecer lo ocurrido es a través de un proceso público con presencia de la prensa internacional”.
Alejandro Gil fue destituido de su cargo en febrero de 2024, tras varios años como viceprimer ministro y mano derecha del gobernante Miguel Díaz-Canel. Su caída en desgracia sorprendió incluso dentro del oficialismo, ya que era considerado una figura clave en la fracasada “Tarea Ordenamiento”, uno de los proyectos económicos más polémicos del Gobierno cubano.
Con el juicio a punto de comenzar, el caso de Alejandro Gil se ha convertido en uno de los procesos más mediáticos y enigmáticos del régimen cubano en las últimas décadas, marcando un nuevo episodio en la lucha interna por el poder dentro del Partido Comunista y la élite económica de la isla.
(Con información de 14ymedio)