El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó el 25 de septiembre la muerte en La Habana de Joanne Deborah Byron, conocida como Assata Shakur, fugitiva estadounidense que durante más de 40 años fue protegida por la dictadura cubana pese a estar acusada de terrorismo y asesinato en Estados Unidos.
Según la nota oficial del MINREX, Shakur, de 78 años, falleció a consecuencia de “padecimientos de salud y su avanzada edad”. Sin embargo, el comunicado omitió un aspecto clave: se trataba de una de las criminales más buscadas por el Gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por información que llevara a su captura.
Militante del Ejército Negro de Liberación, Assata Shakur fue condenada en 1977 por el asesinato en primer grado del policía Werner Foerster, ocurrido en Nueva Jersey en 1973. También enfrentó cargos por asalto, robo y conspiración.
A pesar de recibir cadena perpetua, menos de dos años después logró escapar de prisión con ayuda de un comando armado. Tras pasar un tiempo en la clandestinidad, reapareció en Cuba en 1984, donde recibió asilo político de parte del régimen de Fidel Castro.
Durante cuatro décadas, Cuba se negó sistemáticamente a entregar a Shakur a las autoridades estadounidenses, a pesar de los reiterados pedidos de extradición. Para Washington, su refugio en la isla era una prueba más del respaldo de La Habana a individuos vinculados con el terrorismo internacional.
El FBI la incluyó en 2013 en su lista de los terroristas más buscados y recordó en numerosas ocasiones que seguía siendo un caso abierto. La propia Shakur se convirtió en un símbolo de la propaganda del régimen, que la presentó como una “luchadora social” mientras ocultaba la gravedad de sus crímenes.
La noticia de su muerte revive una herida abierta en la memoria estadounidense. En mayo pasado, el Departamento de Estado recordó el aniversario del asesinato del agente Foerster. El secretario Marco Rubio enfatizó que Shakur era una asesina prófuga y criticó al régimen cubano por darle refugio.
“El régimen cubano debe dejar de celebrar a asesinos conocidos y entregar inmediatamente tanto a esta fugitiva como a todos los demás criminales estadounidenses refugiados en la isla”, señaló Rubio en esa ocasión.
El caso de Assata Shakur refleja cómo el régimen cubano convirtió la isla en santuario para individuos acusados de terrorismo, secuestro y asesinato. Además de Shakur, La Habana ha protegido a militantes de grupos armados latinoamericanos y fugitivos de la justicia estadounidense, desafiando las presiones internacionales.
Su muerte en La Habana cierra un capítulo marcado por la impunidad. Para los familiares del agente Foerster y para las autoridades de Nueva Jersey, quedará siempre la sensación de que la justicia fue burlada gracias al amparo de una dictadura que convirtió a una criminal en figura política.
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