Las autoridades de la provincia de Guantánamo han intensificado en los últimos meses una ofensiva contra los llamados precios abusivos y la especulación comercial, una campaña que vuelve a poner en evidencia el excesivo control del Estado sobre los trabajadores por cuenta propia, en un contexto donde el propio aparato estatal es incapaz de garantizar las necesidades básicas de la población.
Según cifras oficiales, en la provincia se realizaron más de 1 750 inspecciones en el sector del comercio y los servicios, que derivaron en multas, cierres temporales, ventas forzosas y hasta el retiro de proyectos privados por incumplimientos reiterados. Las sanciones se aplicaron tras detectar violaciones de los Decretos No. 30 y No. 91, normativas que refuerzan el marco punitivo contra la actividad económica no estatal.
Los operativos se concentraron especialmente en municipios como Yateras, Caimanera, Baracoa, Guantánamo y Niceto Pérez, donde las autoridades reportaron irregularidades como la no utilización de códigos QR, incumplimientos en los depósitos bancarios obligatorios y otras faltas administrativas. Más allá de los tecnicismos legales, el mensaje es claro: vigilancia constante y tolerancia cero frente a un sector que hoy sostiene buena parte del abastecimiento local.
Uno de los focos principales del control ha sido la venta de productos básicos. Las inspecciones detectaron precios considerados indebidos en alimentos y artículos regulados por la Resolución 225, entre ellos pollo congelado, aceite vegetal, detergente y espaguetis. También se fiscalizaron productos cuyos precios son “concertados” por los Consejos de Administración Municipales, como yuca, malanga, boniato, pepino, arroz importado y jamonada.
El transporte privado tampoco escapó al escrutinio. Las autoridades informaron sobre cobros por encima de las tarifas oficiales en rutas intermunicipales y la prestación de servicios sin Licencia Operativa, mientras se reforzó la vigilancia sobre el uso de pasarelas de pago y el cumplimiento de obligaciones bancarias.
Sin embargo, esta política de mano dura contrasta con una realidad que el discurso oficial suele omitir: el Estado cubano, que lo regula y controla todo, no logra garantizar un suministro estable de alimentos, transporte, electricidad ni salarios suficientes. En ese vacío, el cuentapropismo ha funcionado como un amortiguador social, aunque a un costo elevado y bajo una presión constante.
Pretender congelar precios en un entorno de escasez crónica, inflación descontrolada y falta de mercados mayoristas no elimina las distorsiones; simplemente las empuja a la clandestinidad. Los trabajadores por cuenta propia fijan precios altos no por codicia abstracta, sino porque enfrentan costos elevados, inestabilidad en el abastecimiento y una carga fiscal cada vez mayor.
Mientras el Gobierno refuerza inspecciones y sanciones, no ofrece soluciones estructurales: ni producción suficiente, ni importaciones estables, ni un marco legal que permita al sector privado operar con previsibilidad. El resultado es un círculo vicioso donde el Estado castiga a quienes intentan sobrevivir económicamente, sin asumir su propia responsabilidad en una crisis que es, ante todo, consecuencia de un modelo centralizado e ineficiente.
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