La profesora e historiadora Alina Bárbara López Hernández volvió a denunciar públicamente la parálisis y las irregularidades de su proceso judicial, que se extiende ya por más de un año y medio sin fecha de juicio.
En una publicación en su perfil de Facebook, la intelectual matancera contrastó la celeridad con la que se juzga al exministro de Economía Alejandro Gil Fernández con la demora injustificada en su propio expediente y el de la activista Jenny Pantoja.
“Sin ánimos de competir con el affaire de Alejandro Gil, y mucho menos con el drama de nuestros hermanos en Oriente, quisiera contrastar dos casos”, comenzó escribiendo la profesora, en clara alusión a la disparidad de trato en el sistema judicial cubano.
López Hernández recordó que “el 31 de octubre pasado, Fiscalía entregó sus conclusiones al Tribunal sobre el acusado Alejandro Gil; 11 días después se está celebrando el juicio.
El 21 de mayo de 2025, tras más de un año de demora, la Fiscalía de Matanzas pasó a Tribunales el expediente con la acusación formal contra Jenny Pantoja y contra mí. Pronto cumplirá ¡¡seis meses!! en una gaveta de esa institución (o de Seguridad del Estado) sin que tengamos idea de la fecha del juicio”.
Durante todo este tiempo, ambas mujeres han permanecido bajo reclusión domiciliaria y con prohibición de salida del país, el expediente se mantiene inmóvil. “Mientras, la acusadora y falsa víctima, María Juantorena, transitó con rapidez de la condición de oficial de la Policía a conductora de un Coco taxi en Varadero. Paradojas del sistema...”, ironizó López.
La profesora subrayó que esta situación constituye una violación directa del derecho al debido proceso, recogido en el artículo 94, inciso g, de la Constitución cubana, que establece que todo acusado tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable. “Recuérdese que fuimos instruidas de cargo el 18 de junio de 2024 y ya estamos a las puertas del 2026”, enfatizó.
Ante la prolongada demora y el silencio institucional, López Hernández informó que presentó un recurso formal de queja ante el Tribunal Municipal de Matanzas, instancia que tiene cinco días para responder conforme a la ley. Sin embargo, la intelectual manifestó su escepticismo frente a una justicia que, según sus palabras, actúa más por consigna que por derecho.
“Si quieren quitarse este problema de encima es muy fácil: anulen todo el proceso. Saben bien que se lo inventaron; ahora inventen una salida”, sentenció.
Y concluyó con una frase que resume el sentir de muchos cubanos frente al sistema judicial: “La justicia en Cuba, además de ciega, es sorda y muda”.
El caso de Alina Bárbara López Hernández —una de las voces más respetadas del pensamiento crítico en la Isla— ha sido ampliamente seguido dentro y fuera de Cuba.
Su activismo pacífico, centrado en la defensa de los derechos cívicos y el Estado de derecho, la ha convertido en blanco de acoso, vigilancia y persecución política.
Su denuncia pública vuelve a poner en evidencia el doble rasero del sistema judicial cubano, donde los procesos políticos permanecen indefinidamente congelados mientras los casos de corrupción dentro del poder se manejan con celeridad y control mediático.
Con este nuevo pronunciamiento, la historiadora exige no solo la anulación de un proceso que considera “fabricado”, sino también la reivindicación del derecho ciudadano a la justicia y a la transparencia en un país donde —según sus propias palabras— “la ley sirve más para castigar la disidencia que para proteger la verdad”.
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