La Corte Suprema de Estados Unidos puso en entredicho este miércoles la legalidad de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, en un caso que podría redefinir el alcance del poder ejecutivo sobre la política económica y comercial del país.
Durante más de dos horas de audiencia, tanto jueces conservadores como liberales expresaron sus dudas sobre si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), aprobada en 1977, otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles a escala global o si, por el contrario, Trump excedió las facultades que la Constitución reserva al Congreso.
El presidente del tribunal, John Roberts, subrayó que los aranceles constituyen un tipo de impuesto y que “ese siempre ha sido un poder fundamental del Congreso”. En la misma línea, la jueza Ketanji Brown Jackson afirmó que el espíritu de la IEEPA fue limitar los poderes de emergencia del presidente, no ampliarlos.
La defensa de Trump, encabezada por el procurador general D. John Sauer, argumentó que el mandatario actuó dentro de su autoridad legal al usar los aranceles como herramienta para proteger la economía estadounidense frente a lo que calificó como una “emergencia nacional” derivada del déficit comercial y del tráfico de drogas hacia el país. Según Sauer, los gravámenes han fortalecido la posición negociadora de Estados Unidos frente a socios como China, Canadá y México.
Sin embargo, el juez conservador Neil Gorsuch advirtió que una interpretación tan amplia del poder presidencial podría desdibujar la separación de poderes establecida por la Constitución. “¿Qué impediría al Congreso abdicar completamente su responsabilidad de regular el comercio exterior o declarar la guerra?”, preguntó.
Aunque la mayoría de los magistrados coincidió en que el caso plantea una cuestión clave sobre los límites del poder ejecutivo, algunos, como Brett Kavanaugh, mostraron cierta comprensión hacia la posición de Trump. Kavanaugh recordó que el expresidente Richard Nixon también impuso aranceles globales en la década de 1970 bajo una ley similar, lo que sugiere un precedente histórico.
El debate gira en torno a la llamada “doctrina de las cuestiones principales”, una interpretación judicial que exige que las acciones del presidente con gran impacto económico o político cuenten con una autorización explícita del Congreso. Si el tribunal decide aplicar esta doctrina, podría invalidar los aranceles de Trump, lo que representaría un revés significativo para su agenda económica.
Los aranceles han generado una recaudación estimada de 89 mil millones de dólares en lo que va del año, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. No obstante, también han desatado tensiones con varios países y provocado incertidumbre en los mercados internacionales.
Aún no hay fecha para el fallo final, pero un veredicto contrario a Trump marcaría un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y la Casa Blanca en materia de política económica, reabriendo el debate sobre hasta dónde llega el poder presidencial en tiempos de “emergencia nacional”.