Florida aprobó nuevas restricciones para impedir que estudiantes que se encuentran sin estatus migratorio legal en Estados Unidos puedan matricularse en determinadas universidades públicas del estado.
La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario de Florida aprobó este jueves, durante una reunión en Fort Myers, un cambio en las normas de admisión que afecta a quienes están “presentes ilegalmente en Estados Unidos”. La nueva disposición establece que estos estudiantes no podrán inscribirse en aquellas instituciones públicas que no tengan la obligación legal de admitir a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos.
La decisión extiende al sistema universitario una política aprobada en julio por la Junta Estatal de Educación, que ya había restringido el acceso de personas sin estatus migratorio legal a determinadas instituciones educativas estatales y programas de educación para adultos.
De acuerdo con Telemundo 49, la medida podría tener consecuencias para miles de jóvenes que crecieron y estudiaron en las escuelas públicas de Florida y ahora buscan continuar su formación académica dentro del estado.
Datos de la President's Alliance on Higher Education and Immigration indican que aproximadamente 8 000 estudiantes sin estatus migratorio legal se gradúan cada año de las escuelas secundarias de Florida. El estado también figura entre los que concentran una mayor cantidad de estudiantes sin estatus migratorio legal en sus sistemas públicos de educación primaria y secundaria.
Organizaciones educativas y defensoras de los inmigrantes cuestionaron la decisión. Robert Casanello, presidente de United Faculty of Florida, advirtió que la medida afectará especialmente a jóvenes que son hijos de trabajadores indocumentados y que han realizado toda su trayectoria escolar en Florida.
El gobernador Ron DeSantis defendió anteriormente una política similar al argumentar que los espacios disponibles en las instituciones públicas deberían estar destinados a residentes del estado que se encuentran legalmente en el país.
Casanello rechazó ese argumento y sostuvo que la decisión podría perjudicar a estudiantes que posteriormente se incorporarán al mercado laboral de Florida en sectores como los negocios, las artes y la ingeniería.
También Gustavo Rivera, director de la League of United Latin American Citizens de Florida, expresó su preocupación. Según el dirigente, la política tendrá un impacto desproporcionado sobre estudiantes latinos y familias inmigrantes y podría limitar el acceso a oportunidades de educación superior.
Los críticos de la medida advierten además que algunos jóvenes podrían verse obligados a abandonar Florida para continuar sus estudios universitarios en otros estados.
La nueva política se suma a una serie de medidas impulsadas en los últimos años por las autoridades de Florida para restringir el acceso de personas sin estatus migratorio legal a determinados servicios y programas públicos.
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