El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que los estados que reciben fondos federales de programas de asistencia social deben informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre personas que se encuentren ilegalmente en el país y cuya situación migratoria sea conocida por las autoridades estatales.
La Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia emitió el 1 de septiembre una opinión que amplía el alcance de esta obligación. Según el nuevo criterio, no solo las agencias encargadas directamente de administrar los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) deben compartir esa información, sino todas las agencias que forman parte del gobierno estatal.
La decisión afecta a los 50 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios estadounidenses que participan en estos programas. Las subvenciones federales destinadas al TANF superan los 16.400 millones de dólares anuales.
El dictamen se basa en la interpretación de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996. La OLC sostiene que el Congreso utilizó una definición amplia de “Estado”, por lo que la obligación de cooperación con las autoridades federales alcanza al conjunto del gobierno estatal cuando este acepta fondos del TANF o SSI.
“El Congreso redactó este requisito con claridad”, afirmó T. Elliot Gaiser, fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica. Según el funcionario, los estados que participan en TANF aceptan también la obligación de informar sobre inmigrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia también dejó claro que no está creando una nueva obligación. Joshua Craddock, fiscal general adjunto y autor del dictamen, señaló que la opinión busca restablecer lo que considera el significado original de la ley federal.
La nueva interpretación sustituye una opinión de 1998, emitida durante la administración de Bill Clinton, que había limitado considerablemente el alcance de los requisitos de información. Bajo aquel criterio, únicamente las agencias estatales encargadas de administrar TANF o SSI estaban obligadas a proporcionar datos a las autoridades federales de inmigración.
Ahora, el incumplimiento de las obligaciones federales podría tener consecuencias para los estados, incluida la posibilidad de perder fondos destinados a estos programas.
La OLC aclaró, sin embargo, que la nueva interpretación tendrá aplicación exclusivamente hacia el futuro. Los estados no serán sancionados de manera retroactiva por haber seguido durante años el criterio establecido en 1998.
Las agencias federales podrán actualizar a partir de ahora los acuerdos de subvención y los procedimientos de cumplimiento de TANF y SSI para incorporar el nuevo estándar legal y garantizar que el DHS reciba la información que, según el Departamento de Justicia, tiene derecho a obtener.
Fuente: Oficina de Asuntos Públicos de los Estados Unidos
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