Cuba avanza hacia un sistema más claro y accesible para la adquisición de viviendas del Estado. El anteproyecto de la Ley de la Vivienda introduce la posibilidad de que las personas puedan comprar una casa a plazos, con cuotas mensuales limitadas y reglas específicas sobre tiempo y porcentaje del salario. Esta medida busca ordenar un esquema que hasta ahora era ambiguo o heredado de etapas anteriores, y ofrecer una opción más estructurada frente a la compra inmediata o el acceso informal a la propiedad.
Según el texto, la asignación de viviendas en propiedad podrá realizarse mediante contrato, permitiendo pagar el precio total o mediante mensualidades. Se establecen tres límites claros para los pagos a plazos: máximo 20% de los ingresos del titular o titulares, un plazo de hasta 30 años, y la posibilidad de pagos anticipados si la familia dispone de recursos adicionales, como remesas o ahorros. Esta estructura convierte la asignación en un esquema similar a un crédito, donde el Estado fija reglas concretas y la banca actúa como intermediaria.
El anteproyecto también contempla alternativas cuando los pagos a cuotas no sean suficientes para cubrir el precio total: el Consejo de la Administración puede subsidiar parte del costo, las empresas pueden financiar viviendas para sus trabajadores con utilidades, o la vivienda puede asignarse bajo otras figuras legales como arrendamiento o usufructo. Esta flexibilidad refleja un enfoque más integral que combina cuotas, subsidios y financiamiento empresarial para garantizar que más familias accedan a un hogar propio.
Especialistas destacan que la medida representa un cambio jurídico y económico importante. La abogada M. Pérez señala que “el anteproyecto convierte la asignación en propiedad en un contrato claro, donde se definen precio, plazos y consecuencias en caso de incumplimiento”, ofreciendo más seguridad legal para los beneficiarios y para el Estado.
Un economista consultado considera que, aunque el sistema sea más organizado, el desafío será si el 20% del salario alcanza realmente para cubrir los costos de las viviendas, dada la situación económica actual del país.
El texto también permite al Ministro de la Construcción, en casos excepcionales, ajustar las mensualidades o incluso exonerar pagos parciales o totales, mostrando flexibilidad cuando existe interés estatal. Para muchas familias, la opción de pagar la vivienda “por cuotas” representa una alternativa más alcanzable frente a la necesidad de reunir grandes sumas de dinero de forma inmediata, aunque con el compromiso de 20% del salario durante décadas, el esfuerzo seguirá siendo considerable.
Según se anuncia oficialmente la nueva Ley de la Vivienda busca combinar seguridad jurídica, financiamiento accesible y flexibilidad económica, acercando a los cubanos a la posibilidad de tener una vivienda propia con un esquema de pago ordenado y transparente.
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