La Seguridad del Estado cubana lanzó una advertencia de alto impacto al ex preso político Andy García Lorenzo durante una citación oficial en Villa Clara, en la que le señalaron posibles penas extremadamente severas —incluida cadena perpetua o incluso la pena capital— si divulga o comparte información relacionada con instalaciones militares del país.
Según relató el propio García Lorenzo a CubaNet, fue convocado por la Unidad de Delitos Contra la Seguridad del Estado, donde fue interrogado por varios oficiales, entre ellos el teniente coronel Abelardo Rodríguez. El opositor explicó que acudió pensando que el motivo estaría vinculado a sus publicaciones habituales en redes sociales sobre la crisis en Cuba, los apagones y la situación social en Santa Clara, pero afirma que el enfoque de los agentes fue otro.
Durante el interrogatorio, los oficiales le habrían indicado que ese tipo de contenidos no constituían un problema relevante para ellos, pero que la situación cambiaría radicalmente si llegara a difundir imágenes o datos sobre objetivos militares. En ese contexto, le mencionaron el artículo 116 del Código Penal vigente desde 2022, que tipifica el espionaje con sanciones que van desde largas condenas de prisión hasta la pena de muerte.
El propio García Lorenzo aseguró que los agentes insistieron en que la advertencia incluía la posibilidad de condenas de entre 10 y 30 años si se compartía información considerada sensible, y que incluso le sugirieron firmar un documento comprometiéndose a no publicar ese tipo de material. Él se negó a firmarlo, argumentando que su negativa ya estaba clara ante los presentes.
El opositor añadió que los agentes relacionaron el aumento del seguimiento sobre su actividad con la visita que recibió este año por parte de diplomáticos estadounidenses en La Habana, lo que —según su testimonio— habría incrementado la vigilancia en su contra. También mencionó como ejemplo el caso reciente del creador de contenido Eddy Ceballos, detenido tras grabar en una antigua instalación militar vinculada a misiles soviéticos.
García Lorenzo ya había estado en prisión tras ser condenado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Santa Clara, cumpliendo cuatro años de cárcel hasta su liberación en 2025. Desde entonces ha mantenido una actividad constante en redes sociales denunciando la situación del país, incluyendo señalamientos directos a agentes que, según él, participaron en abusos durante su encarcelamiento.
Organizaciones como Justicia 11J han calificado estas citaciones como formas de hostigamiento contra ex presos políticos y alertan de un patrón de vigilancia y presión sobre activistas liberados, en un contexto en el que, según sus cifras, cientos de personas siguen encarceladas por motivos políticos en la isla.
Pese a las advertencias, García Lorenzo sostiene que no piensa detener su actividad pública y reafirma su intención de continuar denunciando la situación en Cuba.
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