Madres y padres de jóvenes que cumplen el Servicio Militar Obligatorio en Cuba relataron preocupaciones por las condiciones de vida en las unidades, las limitaciones para mantener contacto con sus hijos y el clima de tensión que, según afirman, enfrentan los reclutas. Los testimonios fueron recopilados por el medio independiente elTOQUE.
Familiares de jóvenes incorporados al Servicio Militar Obligatorio (SMO) en distintas provincias de Cuba expresaron su inquietud por las condiciones en las que permanecen los reclutas y por el impacto emocional que, aseguran, está teniendo esta experiencia en sus hijos. Los testimonios, recogidos por elTOQUE, describen restricciones en las visitas, dificultades de comunicación y un ambiente de constante incertidumbre.
Una madre residente en Cienfuegos explicó que su hijo fue trasladado a una instalación militar en la zona del Escambray, donde, según relata, lleva varias semanas sin recibir permiso para regresar a casa. Otra familia, en Pinar del Río, señaló que desde mediados de junio no ha podido establecer contacto telefónico con su hijo, destinado en una unidad de guardafronteras.
Los entrevistados también manifestaron preocupación por las condiciones materiales dentro de algunas instalaciones militares. Entre las denuncias mencionan deficiencias en la alimentación, escasas horas de descanso y problemas sanitarios que, aseguran, afectan a numerosos jóvenes. Asimismo, expresaron temor ante la posibilidad de una eventual movilización militar en un contexto de creciente tensión internacional.
El reportaje también recoge el testimonio de Alfredo Martínez, padre de un recluta fallecido durante el servicio, quien continúa reclamando el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de su hijo y ha denunciado otros casos de presuntos accidentes y negligencias ocurridos en unidades militares.
En Cuba, el Servicio Militar Activo está regulado por la Ley de Defensa Nacional y es de cumplimiento obligatorio para la mayoría de los hombres al alcanzar la mayoría de edad. La legislación contempla sanciones para quienes incumplan el alistamiento o abandonen el servicio, mientras que organizaciones y familiares mantienen abierto el debate sobre las condiciones en las que se desarrolla.
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