Inmigrantes llegados en Arrecife (Canarias).Europa Press
El Parlamento Europeo dio luz verde al nuevo Reglamento de Retornos, una normativa que endurece la política migratoria de la Unión Europea y abre la puerta a la creación de centros de deportación en terceros países para migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas.
La propuesta fue aprobada por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, con el respaldo mayoritario de los grupos conservadores, populares y de extrema derecha. Sus defensores sostienen que la medida permitirá aumentar la eficacia de las deportaciones y reforzar el control de la inmigración irregular, mientras que sus detractores alertan sobre posibles violaciones de derechos humanos.
La normativa constituye la última pieza del nuevo marco migratorio europeo tras la entrada en vigor del Pacto de Asilo y Migración. Su objetivo principal es elevar la tasa de retorno de inmigrantes en situación irregular, que actualmente ronda el 28 % en el conjunto de la Unión Europea.
Entre las disposiciones más controvertidas figura la posibilidad de trasladar a migrantes rechazados a centros ubicados en países terceros, incluso en naciones con las que no mantengan vínculos personales o familiares. Además, quienes reciban una orden de retorno estarán obligados a colaborar con las autoridades. En caso contrario, podrían ser detenidos durante períodos que alcanzarían hasta 24 meses, ampliables a 30 meses en determinadas circunstancias.
La aprobación del reglamento evidenció una profunda división política dentro de la Eurocámara. Los grupos Socialistas y Demócratas, Los Verdes y La Izquierda rechazaron mayoritariamente la iniciativa, argumentando que podría derivar en la creación de instalaciones con escasa supervisión y garantías insuficientes para los migrantes.
Algunos eurodiputados compararon los futuros centros de retorno con modelos de detención migratoria altamente cuestionados. También denunciaron la inclusión de familias con menores dentro de las medidas contempladas por la nueva legislación, un aspecto que no figuraba inicialmente en las propuestas comunitarias.
Por el contrario, los promotores de la reforma consideran que sin mecanismos efectivos de retorno resulta imposible mantener una política migratoria creíble. Desde sectores conservadores se defendió que la inmigración debe producirse de manera legal, ordenada y compatible con la capacidad de acogida de los Estados miembros.
España se ha situado entre los principales países que han expresado reservas sobre la normativa. El Gobierno español considera que existen dudas jurídicas, operativas y de respeto a los derechos fundamentales relacionadas con los centros de retorno en terceros países.
Mientras tanto, la Comisión Europea ya trabaja en nuevas medidas para fortalecer el sistema de deportaciones. Entre ellas figuran la digitalización de los procedimientos de retorno y una posible ampliación de las competencias de la agencia fronteriza Frontex.
La aprobación del reglamento coincide además con el respaldo de los gobiernos europeos a la posibilidad de utilizar fondos comunitarios para financiar estos centros en el extranjero, una decisión que refuerza el giro de la Unión Europea hacia una política migratoria más restrictiva y enfocada en acelerar las expulsiones de migrantes irregulares.
(Con información de El País)
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