El sur de Florida fue seleccionado como la primera región de Estados Unidos donde se implementará un nuevo programa federal destinado a investigar y combatir el fraude relacionado con las ayudas alimentarias, incluidos los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocidos popularmente como cupones de alimentos.
La iniciativa, denominada Hunger Assistance Enforcement and Accountability Teams (HEAT), fue presentada el viernes 30 de octubre por el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, junto al inspector general del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), John Walk, y representantes de diferentes agencias policiales y organismos gubernamentales.
Según informó el Departamento de Justicia, el programa busca coordinar investigaciones y procesamientos judiciales contra personas y organizaciones que desvíen fondos federales destinados a familias vulnerables.
Las autoridades explicaron que el operativo se centrará en detectar diferentes modalidades de fraude, entre ellas el robo electrónico de beneficios mediante tarjetas EBT, la comercialización ilegal de cupones SNAP, las estafas en establecimientos comerciales, el robo de identidad y los delitos informáticos.
La selección del sur de Florida como territorio piloto responde, según las autoridades, a su numerosa y diversa población, su extensa actividad comercial y sus conexiones internacionales, factores que también pueden facilitar la aparición de esquemas de fraude más sofisticados.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones advirtió que los programas de asistencia alimentaria representan un recurso esencial para millones de familias y que quienes se aprovechen ilegalmente de estos fondos deberán responder ante la justicia.
La operación reunirá a organismos federales, estatales y locales, entre ellos el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio Secreto, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Niños y Familias de Florida y diferentes dependencias de investigación financiera.
Además de perseguir a los responsables, las autoridades pretenden recuperar los fondos obtenidos fraudulentamente y evitar que los recursos públicos terminen en manos de redes delictivas.
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