A más de dos meses del arresto en La Habana de Martiño Ramos Soto, ciudadano español condenado por abusos sexuales a una menor, su extradición a España continúa sin avances visibles. Pese a que se encuentra bajo custodia de las autoridades cubanas desde el 21 de noviembre, no existe una fecha definida para su entrega ni información pública clara sobre el estado real del procedimiento, lo que ha generado inquietud en el ámbito judicial y político español.
Según ha revelado el diario El Español, diversas fuentes cercanas al caso aseguran que Cuba estaría imponiendo obstáculos que, sin constituir una negativa formal, estarían ralentizando de forma significativa el proceso. Estas trabas no se limitarían únicamente a la ausencia de un tratado bilateral de extradición entre ambos países, sino que incluirían exigencias administrativas adicionales, demoras en la comunicación oficial y una aplicación restrictiva de la discrecionalidad estatal.
“No hay un ‘no’ explícito, pero sí una sucesión de trámites que bloquean cualquier horizonte temporal”, señalan las fuentes citadas. Este escenario contrasta con las primeras informaciones que apuntaban a una disposición inicial del gobierno cubano a cooperar con la justicia española. Hoy, en cambio, predomina el silencio institucional y una sensación de estancamiento burocrático.
Desde el lado español, la falta de transparencia tampoco ayuda. El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha limitado a afirmar que “la solicitud se ha tramitado por los canales oficiales”, sin aportar detalles sobre plazos, negociaciones o dificultades concretas. Esta respuesta genérica ha sido duramente criticada por senadores del Partido Popular en Galicia, quienes han registrado preguntas parlamentarias exigiendo explicaciones sobre las gestiones diplomáticas en curso.
La preocupación es especialmente intensa para la familia de la víctima. El abogado que la representa ha denunciado que no reciben información actualizada y que desconocen si existe algún avance real. “Hablamos de un condenado por delitos sexuales graves que huyó para eludir la cárcel y cuya ejecución de condena depende ahora de una negociación opaca”, subrayó.
El principal escollo jurídico es la inexistencia de un tratado de extradición entre España y Cuba, lo que obliga a recurrir a mecanismos de cooperación ad hoc. En estos casos, el país requerido puede evaluar la doble incriminación, la proporcionalidad de la pena y exigir garantías adicionales, un margen legal que permite dilaciones indefinidas sin rechazo formal.
El caso de Ramos Soto también pone en evidencia fallos previos del sistema español. El condenado abandonó el país antes de que la sentencia fuera firme, sin que se ordenara su ingreso en prisión provisional, una omisión que facilitó su fuga. Su posterior vida pública en Cuba, bajo un alias y con aparente normalidad, subraya las debilidades en el control de penados y en los mecanismos de retorno internacional.
Hoy, el proceso permanece atrapado entre la diplomacia y la burocracia, mientras crece el temor de que las grietas legales terminen beneficiando al prófugo.
Fuentes: Telecinco Noticias - El Español
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