Un ciudadano cubano residente en Estados Unidos enfrenta serios cargos criminales luego de que las autoridades descubrieran irregularidades en su proceso de naturalización. Se trata de Yunier Pérez-Bertemati, de 40 años, quien fue acusado de fraude migratorio, robo de identidad y delitos relacionados con el uso de dispositivos electrónicos para cometer estafas.
El caso fue presentado por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Medio de Florida, tras una investigación encabezada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.
De acuerdo con el comunicado oficial, entre noviembre de 2023 y enero de 2025, Pérez-Bertemati habría participado en actividades delictivas que incluyeron la venta de tarjetas de crédito y débito con datos robados, así como el uso de equipos especializados para extraer información sensible de cuentas bancarias. Estos dispositivos fueron empleados en puntos de venta para capturar datos confidenciales de terceros sin autorización.
El acusado enfrenta un total de 22 cargos. Entre ellos se incluyen: declaraciones falsas en formularios de inmigración, mentiras durante una entrevista con un oficial federal, posesión y tráfico de equipos usados para fabricar dispositivos fraudulentos, y robo de identidad agravado.
Uno de los aspectos más graves del caso es que Pérez-Bertemati habría proporcionado información falsa al solicitar la ciudadanía estadounidense, algo que USCIS considera una violación grave de las leyes migratorias. De comprobarse su culpabilidad, esta acción no solo invalidaría su solicitud, sino que también podría llevar a su deportación y a la prohibición permanente de reingreso al país.
El fiscal federal auxiliar Robert D. Sowell lidera el proceso judicial, en el que se ha advertido que Pérez-Bertemati podría enfrentar penas severas. Por ejemplo, hasta 10 años de prisión por mentir en su trámite de naturalización, 5 años adicionales por declaraciones falsas a un oficial de inmigración, 10 años por cada uno de los cargos relacionados con dispositivos de acceso fraudulentos, 15 años por los equipos de fabricación y dos años más por robo agravado de identidad.
Además, el gobierno estadounidense buscará recuperar una suma de 9.650 dólares, correspondiente a los beneficios económicos obtenidos por el acusado a través de estas actividades ilícitas.
USCIS recuerda que falsear información en procesos migratorios no solo implica el rechazo de la solicitud, sino también consecuencias penales y migratorias que pueden marcar de forma definitiva el estatus legal de una persona en EE.UU.
Fuente: La Nación
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