En la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Doha, Qatar, el régimen cubano intentó proyectar una imagen de prosperidad y justicia social que dista mucho de la realidad que vive la población en la Isla. La delegación encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, y con la intervención del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, habló de “avances sociales” y de un “modelo inclusivo” que garantiza derechos y oportunidades para todos. Sin embargo, esas declaraciones contrastan abiertamente con el deterioro que sufre el país en todos los sectores esenciales.
Otamendiz afirmó que Cuba mantiene acceso universal y gratuito a la salud, la educación, la cultura y el deporte, y que el país ha implementado políticas laborales inclusivas para garantizar empleos de calidad. Pero en la práctica, el sistema de salud cubano está al borde del colapso: los hospitales se caen a pedazos, los médicos carecen de insumos básicos y los pacientes deben llevar desde una jeringuilla hasta el medicamento que necesitan. La “gratuidad” de la atención médica no compensa el hecho de que, en muchos casos, simplemente no hay atención posible.
En cuanto a la educación, otro de los pilares que el Gobierno gusta exhibir ante la comunidad internacional, la realidad es igualmente desoladora. Escuelas sin recursos, profesores que abandonan las aulas por bajos salarios y estudiantes que deben llevar desde el papel hasta el agua potable son parte del panorama cotidiano. La educación “gratuita” se sostiene sobre el sacrificio de maestros mal pagados y de familias que deben resolver por su cuenta lo que el Estado no provee.
Tampoco se puede hablar de justicia social cuando gran parte de la población vive bajo apagones constantes, con jornadas de 15 y hasta más de 20 horas sin electricidad. Las familias cocinan con leña o carbón, los alimentos se echan a perder y la desesperación se extiende. Mientras tanto, los funcionarios del régimen viajan al extranjero para presumir de un “modelo social exitoso” que solo existe en el discurso oficial.
El ministro también mencionó el Código de las Familias como ejemplo de progreso en materia de derechos. Sin embargo, en Cuba siguen vigentes la censura, la persecución política y la criminalización del disenso. Los mismos que proclaman igualdad y justicia encarcelan a jóvenes por manifestarse pacíficamente o por publicar críticas en redes sociales.
El régimen intenta justificar el deterioro nacional apelando al embargo estadounidense, pero las causas profundas están en la corrupción, la ineficiencia estatal y la falta de libertades económicas y políticas. Ninguna “crisis externa” explica por qué los hospitales se desploman, los salarios son insuficientes o la gente hace colas interminables por un pan.
Mientras en Doha los representantes de La Habana hablan de dignidad y desarrollo, en Cuba millones de ciudadanos enfrentan cada día una realidad de carencias, miedo y desesperanza. El discurso oficial se ha convertido en un ejercicio de propaganda destinado a engañar al mundo, mientras el pueblo continúa pagando el precio del fracaso de un sistema que ya no tiene nada que ofrecer.