La crisis económica que atraviesa Cuba ha entrado en una fase crítica que muchos expertos y ciudadanos califican como la peor desde el triunfo de la Revolución en 1959. Apagones prolongados, escasez crónica de alimentos y medicinas, servicios públicos en estado de colapso y una emigración masiva configuran un escenario que pone en duda la capacidad del Estado para sostener incluso las funciones más básicas.
Aunque la isla ha vivido etapas de extrema dificultad —como el “Período Especial” de los años noventa tras la caída de la Unión Soviética—, economistas coinciden en que el deterioro actual es más profundo y generalizado. “Nunca se habían combinado tantos factores negativos al mismo tiempo”, asegura Omar Everleny Pérez, economista residente en La Habana, quien advierte que la red de protección social que el gobierno defendió durante décadas prácticamente ha desaparecido.
La crisis energética es uno de los símbolos más visibles del derrumbe. En numerosos barrios de La Habana y, con mayor crudeza, en las provincias del interior, los apagones superan con frecuencia las 14 o 20 horas diarias. Centrales eléctricas obsoletas y sin mantenimiento, junto a la falta de combustible, han convertido la electricidad en un lujo intermitente. Para muchas familias, esto significa alimentos echados a perder y noches interminables en la oscuridad.
La escasez de combustible también ha paralizado el transporte, afectado la recogida de basura y favorecido la propagación de enfermedades como el dengue y el chikunguña. Comprar gasolina requiere hoy inscribirse en aplicaciones digitales con semanas —o meses— de espera. En este contexto, acceder a medicamentos básicos se ha vuelto casi imposible sin la ayuda de familiares en el extranjero.
El sistema de racionamiento, durante décadas un pilar del modelo cubano, ha perdido casi toda su funcionalidad. Las libretas ya no garantizan productos esenciales y, cuando llegan a las bodegas estatales, apenas alcanzan para unos pocos días. Mientras tanto, las tiendas privadas y las MiPyMEs ofrecen alimentos en abundancia, pero a precios inaccesibles para la mayoría. Una pensión promedio ronda los 3.000 pesos mensuales, mientras una caja de huevos puede costar más que ese ingreso completo.
El gobierno cubano atribuye gran parte de la crisis al embargo estadounidense y al endurecimiento de las sanciones en los últimos años. Sin embargo, incluso dentro de la Asamblea Nacional han surgido voces críticas que reconocen fallos estructurales. El diputado Emilio Interián Rodríguez sorprendió al admitir públicamente que las empresas privadas están logrando mejores resultados que muchas estatales, algo impensable hace pocos años en un foro dominado por la retórica oficial.
A estas dificultades se suma un factor externo clave: la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante años, La Habana dependió del petróleo venezolano, que llegó a alcanzar los 90.000 barriles diarios bajo Hugo Chávez. En el último tramo de 2025, esa cifra se redujo a unos 35.000 barriles, agravando la crisis energética. El nuevo control de Washington sobre la industria petrolera venezolana amenaza con cortar aún más ese suministro vital.
Las consecuencias económicas son severas. El producto interno bruto cayó más de un 4% el año pasado, la inflación continúa en alza y sectores estratégicos como el níquel y el turismo operan muy por debajo de su capacidad. Antes de la pandemia, Cuba recibía cerca de cuatro millones de turistas al año; hoy, apenas logra atraer a la mitad.
El impacto social es devastador. Alrededor de un tercio de la población depende de remesas, mientras otro tercio —especialmente jubilados— vive en condiciones de pobreza extrema. Historias como la de Yoan Nazabal, un joven padre que tuvo que llevar su propio material médico para una cesárea en un hospital público, reflejan el deterioro de un sistema de salud que alguna vez fue orgullo nacional.
Este escenario ha alimentado un éxodo sin precedentes. Desde 2020, unos 2,75 millones de cubanos han abandonado el país, reduciendo la población real a poco más de ocho millones de habitantes. Para economistas como Ricardo Torres, el diagnóstico es claro: tras tres años consecutivos de contracción, la economía cubana no solo está en crisis, sino en caída libre, sin señales claras de recuperación a corto plazo.
(Con información de The New York Times)
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