La Corte Suprema de Estados Unidos detuvo temporalmente las deportaciones de migrantes venezolanos detenidos en Texas, luego de que se invocara la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII rara vez utilizada en la historia del país.
La decisión del alto tribunal, emitida de manera provisional durante la madrugada del sábado, ordena al gobierno del presidente Donald Trump abstenerse de ejecutar expulsiones desde el Centro de Detención Bluebonnet “hasta nueva orden”.
Esta intervención respondió a un recurso de emergencia presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció que las autoridades migratorias intentaban reiniciar deportaciones sin respetar el debido proceso. Según la organización, los detenidos enfrentaban el riesgo de ser enviados a países donde podrían sufrir abusos, sin haber tenido acceso a una audiencia justa.
“Estamos profundamente aliviados. Estas personas estaban en peligro de ser deportadas sin ninguna garantía legal”, declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
Aunque la Corte Suprema autorizó en abril la aplicación limitada de la Ley de Enemigos Extranjeros —que permite detener o deportar ciudadanos de naciones enemigas durante conflictos armados— también estableció que los afectados debían ser informados adecuadamente y contar con tiempo razonable para apelar.
La ACLU argumenta que el gobierno violó estas condiciones mínimas.
Los intentos anteriores de detener las expulsiones fracasaron ante tribunales federales en Texas y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. La Corte Suprema finalmente intervino tras constatar que los derechos procesales de los migrantes estaban siendo ignorados.
La ley en cuestión, promulgada en 1798, ha sido utilizada solo en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, siendo la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para justificar el internamiento de ciudadanos japoneses-estadounidenses.
En este caso, el gobierno de Trump la ha empleado para justificar la expulsión de más de 200 venezolanos, acusándolos de presuntos vínculos con la pandilla Tren de Aragua, aunque sin presentar condenas judiciales ni pruebas concluyentes.
Abogados defensores han denunciado que muchos de los migrantes firmaron documentos en inglés sin entender su contenido y recibieron notificaciones que los vinculan con organizaciones criminales sin evidencia suficiente.
Además, aseguran que el traslado de los venezolanos al centro de detención Bluebonnet fue un intento deliberado del gobierno para eludir fallos judiciales que ya prohibían deportaciones en otras jurisdicciones.
Mientras los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron su desacuerdo con la decisión de la Corte, calificándola de “sin precedentes” y “prematura”, la ACLU continúa su ofensiva legal. La organización busca frenar el uso de una ley que, según argumenta, criminaliza la migración bajo pretextos infundados.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios sobre la decisión judicial.
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