Una legisladora del sur de Florida enfrenta una grave crisis legal tras ser acusada de participar en un esquema para desviar millones de dólares destinados a la atención en desastres y canalizarlos hacia su campaña política. Un gran jurado federal en Miami presentó cargos contra la congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick y varias personas de su entorno, señalándolos de fraude, lavado de dinero y uso ilegal de contribuciones políticas.
Según la acusación, Cherfilus-McCormick, de 46 años, y su hermano Edwin Cherfilus, de 51, habrían aprovechado un contrato de personal para la vacunación contra la COVID-19 financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). A través de su empresa familiar de atención médica, recibieron en julio de 2021 un sobrepago de 5 millones de dólares, fondos que —según los fiscales— nunca debieron llegar a sus cuentas.
El documento judicial sostiene que ambos acusados conspiraron para apropiarse de ese dinero, moviéndolo entre múltiples cuentas con la intención de ocultar su origen. Parte sustancial de esos fondos habría terminado financiando la campaña congresional de Cherfilus-McCormick ese mismo año, además de gastos personales vinculados a los implicados.
La acusación también involucra a Nadege Leblanc, de 46 años, presuntamente encargada de coordinar donantes interpuestos. De acuerdo con los fiscales, se canalizó dinero del contrato de FEMA hacia amigos y familiares, quienes luego habrían donado a la campaña simulando que se trataba de aportes propios. Este tipo de maniobra viola de manera directa las leyes federales sobre financiamiento electoral.
Asimismo, la congresista y su preparador de impuestos, David K. Spencer, de 41 años, enfrentan cargos por conspirar para presentar declaraciones tributarias falsas. Los fiscales alegan que inflaron deducciones empresariales, reportaron gastos personales como gastos operativos y exageraron donaciones caritativas para reducir ilegalmente sus obligaciones fiscales.
Las autoridades federales fueron contundentes al describir la gravedad del delito. “Usar fondos de ayuda por desastres para enriquecimiento personal es especialmente cínico”, afirmó la fiscal general Pamela Bondi. Por su parte, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones subrayó la importancia de proteger el dinero de los contribuyentes, recordando que “cuando los fondos de FEMA se desvían para fines personales o políticos, se erosiona la confianza pública”.
Si la congresista es declarada culpable, podría enfrentar hasta 53 años de prisión, mientras que su hermano enfrentaría un máximo de 35 años. Leblanc podría recibir hasta 10 años y Spencer hasta 33 años.
El caso está siendo investigado por el FBI en Miami y la división de investigación criminal del IRS en Florida. Las fiscales adjuntas Alejandra L. López y Yeney Hernández, junto al abogado litigante John P. Taddei, están a cargo del proceso.
Las autoridades recordaron que una acusación formal no es una condena, y que todos los implicados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.
(Con información del Departamento Justicia Florida)
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