La captura de Nicolás Maduro ha vuelto a colocar bajo escrutinio la relación estrecha y poco transparente entre Caracas y La Habana. En ese contexto, una fuente con acceso a documentos del proceso judicial contra Alejandro Gil Fernández —ex viceprimer ministro y ex titular de Economía— reveló al medio independiente 14ymedio detalles de las conclusiones provisionales de la Fiscalía cubana que apuntan a un presunto caso de espionaje con ramificaciones directas en Venezuela.
Según el expediente, elaborado por la Fiscalía General de la República, Gil habría suministrado información clasificada a “un agente no identificado, presuntamente vinculado a la CIA”, provocando —según la acusación— un daño estratégico a la cooperación política, económica y militar entre Cuba y el régimen chavista. El documento sostiene que los datos entregados comprometían la “seguridad nacional venezolana”.
Entre la información supuestamente filtrada figuran transacciones financieras bilaterales, localización de reservas, acuerdos comerciales ligados al intercambio petrolero y al envío de brigadas médicas cubanas, así como esquemas de triangulación financiera y nombres de agencias extranjeras involucradas en el destino final del crudo venezolano. La acusación también incluye detalles sobre apoyo cubano en ciberseguridad y contraespionaje a Caracas, además de información personal del propio Maduro.
De acuerdo con la fuente, Gil habría proporcionado datos sobre la familia del mandatario venezolano, su residencia, activos dentro y fuera de Venezuela —incluida Cuba— y aspectos especialmente sensibles del anillo de seguridad presidencial, integrado por decenas de efectivos cubanos del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
La Fiscalía calificó estos hechos como una “traición a la confianza” del Estado cubano y de la Seguridad del Estado, enmarcándolos como espionaje a favor de Estados Unidos con el objetivo de “socavar la soberanía venezolana y derrocar a su legítimo presidente”.
Sin embargo, el propio desarrollo del caso expone contradicciones difíciles de ignorar. Según el testimonio citado por 14ymedio, inicialmente estaba previsto que Miguel Díaz-Canel se reuniera con Maduro en agosto de 2022 durante una gira regional. Fue la Seguridad del Estado —afirma la fuente— quien recomendó que Gil asistiera en su lugar, alegando la alta confianza que se tenía en él como “cuadro de la Revolución”. La decisión resulta llamativa, dado que encuentros entre jefes de Estado rara vez se delegan en ministros sectoriales.
La misma fuente aclara que solo tuvo acceso a la acusación fiscal y desconoce si el presunto espionaje relacionado con Venezuela fue probado con evidencias concluyentes durante el juicio. Tampoco dispone de detalles sobre los fundamentos de la sentencia a cadena perpetua dictada por el Tribunal Supremo.
La cronología añade más dudas. Programas oficialistas sostienen que Gil era investigado desde 2020. Aun así, en agosto de 2022 se reunió con Maduro en el Palacio de Miraflores, un encuentro ampliamente difundido por la prensa oficial de ambos países y celebrado públicamente por el líder chavista. Meses después, en noviembre de ese año, Gil acompañó a Díaz-Canel en una gira por China, Argelia, Rusia y Turquía. En julio de 2023, incluso, fue autorizado a viajar a Nueva York como único representante de Cuba ante la Asamblea General de la ONU.
“Si existían indicios sólidos de espionaje, estas decisiones no se sostienen desde el punto de vista de la contrainteligencia”, subraya la fuente.
Lejos de despejar incógnitas, el juicio de Alejandro Gil deja al descubierto una trama en la que Venezuela, Maduro y los servicios de seguridad cubanos se entrelazan en un relato lleno de vacíos. Hoy, tras la caída del líder chavista, esas lagunas pesan más que nunca: si Gil fue espía, lo fue con una libertad difícil de explicar; y si no lo fue, su condena expone hasta dónde puede llegar un sistema cuando necesita un culpable visible para proteger a quienes operan en las alturas del poder.
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