El gobierno de Bahamas anunció que cambiará el modelo de contratación de médicos cubanos, asegurando que a partir de ahora estos profesionales recibirán sus salarios directamente, sin intervención del Estado cubano. La decisión surge luego de crecientes presiones internacionales, especialmente desde Estados Unidos, que ha denunciado posibles casos de trabajo forzado en las misiones médicas gestionadas por La Habana.
El primer ministro bahameño, Philip Davis, explicó que se están revisando todos los acuerdos laborales con Cuba y otros países para garantizar que los trabajadores extranjeros reciban el pago de forma directa y sin intermediarios. “Cualquiera que contratemos, le pagaremos directamente a su cuenta”, afirmó Davis tras una reciente visita a Washington.
Durante su viaje, Davis se reunió con el senador estadounidense Marco Rubio, quien ha sido uno de los principales críticos del sistema cubano de exportación de servicios médicos. Rubio ha señalado que este modelo equivale a trabajo forzado, debido a que los profesionales reciben solo una fracción de su salario mientras que la mayor parte del dinero va al gobierno cubano. En respuesta, Washington ha impuesto restricciones de visado a funcionarios implicados en este tipo de acuerdos.
Aunque Davis afirmó que su gobierno no tiene evidencia de abuso, admitió que ciertos elementos de los contratos actuales podrían ser considerados señales de coerción, como la retención de pasaportes o la transferencia de gran parte del salario a una entidad extranjera. “Compartir el salario de un empleado con un gobierno podría percibirse de esa forma”, declaró.
Las declaraciones de Davis llegan poco después de que la organización Archivo Cuba filtrara un contrato que revelaba que entre el 84% y el 92% del salario pagado por Bahamas a los médicos cubanos era desviado a instituciones del régimen. Según el documento, los profesionales solo recibían entre 990 y 1,200 dólares mensuales, a pesar de que el país anfitrión desembolsaba una suma mucho mayor por sus servicios.
La situación ha encendido las alarmas en organismos de derechos humanos. María Werlau, directora de Archivo Cuba, afirmó que los trabajadores son frecuentemente vigilados, obligados a asistir a actos políticos y a transferir parte de sus ingresos a cuentas estatales en Cuba. “Si esto no es trata de personas, ¿qué lo es?”, cuestionó en una entrevista con Martí Noticias.
Ante el creciente escrutinio, el primer ministro evitó confirmar la autenticidad del contrato filtrado y no ofreció detalles sobre la posible publicación de los acuerdos existentes con Cuba. No obstante, indicó que se está llevando a cabo una revisión general de todos los memorandos de entendimiento firmados con países que proveen personal sanitario.
Werlau instó tanto a EE.UU. como a las naciones del Caribe a exigir transparencia total en estos convenios. “Solo con claridad se puede proteger a los trabajadores de posibles abusos”, concluyó.
Fuente: Martí Noticias