En Cuba, a pesar de las afirmaciones oficiales sobre el respeto a los derechos humanos, existen múltiples violaciones a derechos esenciales para una vida digna y armoniosa. El país opera bajo un sistema político unipartidista donde el socialismo, según lo definido por el gobierno, es considerado positivo, mientras que cualquier perspectiva distinta se califica como negativa o reaccionaria.
Desde el triunfo de la Revolución en 1959, la adopción del modelo socialista soviético y la alineación estratégica con la URSS condujeron a la imposición de normas ideológicas que justificaban la restricción de libertades y derechos fundamentales bajo la excusa de proteger al país de enemigos externos.
Los derechos humanos, según la Declaración Universal de 1948, son universales e inalienables, independientemente de creencias, raza o posición política. Sin embargo, en Cuba, el acceso a estos derechos ha sido ideologizado, limitando su cumplimiento real.
Derechos como la propiedad privada fueron gravemente afectados por la estatización total de la economía, sumiendo a muchos ciudadanos en la pobreza y generando burocracia y errores económicos que aún repercuten en la actualidad.
Aun con la introducción de formas limitadas de propiedad privada, como las mypimes, las condiciones impuestas por el Estado restringen su desarrollo y perpetúan desigualdades.
La Declaración también garantiza un nivel de vida adecuado, salud y bienestar, pero en Cuba muchos viven con alimentación insuficiente, viviendas precarias y acceso limitado a servicios médicos y sociales. La atención médica, aunque gratuita, carece de medicamentos y equipamiento, obligando a los pacientes a adquirir insumos en el mercado negro.
La insuficiencia de servicios esenciales como electricidad, agua, transporte y recogida de desechos impacta directamente en la calidad de vida y en la posibilidad de disfrutar del tiempo libre.
La libertad de expresión y manifestación pacífica está restringida, evidenciada en actos de repudio, detenciones arbitrarias y violencia contra quienes critican al gobierno. La participación política también está limitada, pues los ciudadanos solo pueden elegir a nivel local y la designación de cargos depende frecuentemente de la afiliación política. La libertad de movimiento es condicionada, y artistas, médicos y otros profesionales enfrentan restricciones por expresar opiniones críticas.
Reconocer estas violaciones y promover un respeto genuino de los derechos humanos es crucial para el bienestar ético y social de la nación. La apertura a críticas y reclamos no solo refleja la vida en sociedad, sino que permite a los dirigentes evaluar la eficacia de su gestión y acercar al país al cumplimiento universal de los derechos humanos, principio que Cuba se comprometió a respetar al firmar la Declaración Universal.
Fuente: Manuel García Verdecia, intelectual. Laboratorio de Pensamiento Cívico – Texto de lunes en Cuba X Cuba, publicado por Alina Bárbara López Hernández en Facebook, 15 de diciembre de 2025.
Imagen principal: Victoria Blanco / CXC.
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