El Gobierno argentino anunció este miércoles un conjunto de medidas que modificarán de forma significativa su política migratoria, con el objetivo de limitar el acceso a servicios públicos para extranjeros en situación irregular y facilitar la expulsión de migrantes con antecedentes penales.
Entre los principales cambios se incluye la imposición de pagos por atención médica a personas que no cuenten con residencia permanente, así como restricciones al acceso gratuito al sistema educativo público superior. La iniciativa también contempla nuevas condiciones para la obtención de la ciudadanía y la residencia legal en el país.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó que la actual normativa migratoria ha permitido durante años el ingreso descontrolado de personas, muchas de ellas con antecedentes delictivos o sin intención de integrarse plenamente al país. “Entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles”, sostuvo.
De acuerdo con datos oficiales, se estima que en las últimas dos décadas ingresaron de manera irregular a Argentina cerca de un millón de personas. Según Adorni, muchas de ellas han hecho uso de servicios públicos gratuitos, como salud y educación, sin contribuir al sostenimiento del sistema. “No es justo que quienes pagan impuestos deban cubrir los costos del abuso cometido por extranjeros que no tienen intención de construir un futuro aquí”, afirmó.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es el cobro obligatorio por la atención médica a residentes temporales, transitorios y personas en situación irregular. Además, quienes ingresen al país bajo estos estatus deberán contar con un seguro médico privado. El Gobierno argumenta que esta medida busca aliviar la presión sobre el sistema de salud pública, que, según Adorni, destinó en 2023 más de 114.000 millones de pesos (unos 90 millones de dólares) a la atención de extranjeros en solo ocho hospitales del país.
La iniciativa también abre la puerta a que las universidades públicas puedan aplicar tarifas diferenciadas a estudiantes que se encuentren en el país temporalmente. Aunque no se ha especificado cómo se implementarán estos cobros.
En cuanto a la ciudadanía, las reformas establecen que solo se podrá otorgar a quienes hayan residido de forma continua durante al menos dos años o a quienes realicen una inversión significativa en el país. Asimismo, la residencia legal se restringirá a quienes demuestren solvencia económica y carezcan de antecedentes penales.
El mensaje del Ejecutivo es claro: Argentina seguirá recibiendo a migrantes, pero únicamente a aquellos que “vienen a contribuir con el desarrollo del país”, en palabras de Adorni. “El que las hace, la paga”, remarcó, en referencia a las nuevas disposiciones que facilitarán la deportación de condenados por delitos.
Estas reformas forman parte del programa de ajuste y reorganización del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, en línea con su promesa de reducir el gasto público y aumentar la eficiencia del sistema. Aunque todavía no se han aprobado formalmente en el Congreso, el anuncio ya ha generado un amplio debate sobre su impacto en los derechos de las personas migrantes y en la imagen internacional del país como sociedad receptiva y solidaria.
Fuente: El Economista
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